El Gobierno nacional estableció un nuevo régimen de retiros voluntarios destinado a determinados empleados de la Administración Pública Nacional, con compensaciones económicas que variarán según la edad, la antigüedad laboral y la situación previsional de cada trabajador.

La convocatoria está prevista entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026, aunque podrá extenderse por única vez durante un máximo de 30 días corridos. La medida comprende al personal de planta permanente y a determinados trabajadores contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada.

Uno de los aspectos centrales del programa es que los puestos de quienes se desvinculen serán eliminados, por lo que no podrán utilizarse esas vacantes para justificar nuevas incorporaciones.

¿Cómo se calcularán los pagos?

El régimen contempla distintas modalidades de compensación, de acuerdo con la edad y los años de servicio de cada empleado.

  • Trabajadores próximos a jubilarse: las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que todavía no reúnan los requisitos previsionales podrán acceder, bajo las condiciones establecidas, al cobro del 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses o hasta alcanzar los requisitos jubilatorios. También se contempla una gratificación por única vez, sujeta a las condiciones del régimen.
  • Empleados con al menos 30 años de aportes: para las mujeres de entre 58 y 64 años y los hombres de entre 63 y 64, se prevé una compensación de un sueldo bruto por año de antigüedad, con un tope de 18 remuneraciones, más un adicional equivalente a cinco sueldos.
  • Trabajadores más jóvenes: las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62 podrán recibir un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un límite de 20 remuneraciones. Se sumarán cuatro sueldos para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad en planta permanente y cinco para quienes alcancen o superen ese período.

En cuanto a la modalidad de pago, las gratificaciones de hasta $20 millones se abonarán en una sola cuota. Si el monto supera esa cifra, se pagará en cuotas mensuales de hasta $20 millones, con un máximo de tres pagos.

¿Quiénes quedan excluidos?

El régimen establece restricciones para integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal de inteligencia y del Servicio Exterior, entre otros sectores. También excluye a quienes ya cumplan los requisitos para jubilarse, hayan iniciado el trámite previsional o tengan una renuncia pendiente de aceptación, además de determinadas situaciones administrativas y judiciales contempladas en la normativa.

Otro punto importante es que quienes adhieran no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años, bajo las modalidades de contratación alcanzadas por la prohibición. Se establece una excepción para los cargos docentes en universidades nacionales.

La adhesión tampoco garantiza la aprobación automática del beneficio. Las autoridades podrán rechazar las solicitudes cuando consideren que la desvinculación afecta el funcionamiento de los servicios públicos.

Los organismos correspondientes tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver los pedidos. Si no existe una aceptación expresa dentro de ese plazo, la solicitud se considerará rechazada.

La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la encargada de aplicar el régimen y podrá disponer una prórroga del período de inscripción.