El Ejecutivo nacional remitió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla nuevas medidas vinculadas a la seguridad y la defensa del país, además de disposiciones para proteger los recursos naturales y la infraestructura considerada estratégica. La iniciativa ingresó a Diputados durante la madrugada de este jueves y quedó a disposición del Parlamento para su análisis.
La propuesta había sido anunciada por Milei el 3 de septiembre, en el marco de las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Según la Casa Rosada, el objetivo es ampliar las herramientas estatales para defender la soberanía y coordinar las áreas vinculadas con Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía.
La cuestión Malvinas ocupa un lugar central en los fundamentos del proyecto. El Gobierno vincula la iniciativa con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de las islas y de los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Uno de los principales cambios apunta a modificar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones para las empresas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. El nuevo esquema alcanzaría no solo a las compañías operadoras, sino también a accionistas, directivos y proveedores involucrados.
Las sanciones previstas incluyen multas, inhabilitaciones y restricciones para desarrollar actividades económicas o contratar en el país. El proyecto también contempla la posibilidad de revocar permisos, concesiones y beneficios fiscales o financieros vinculados con los infractores.
Además, la iniciativa incorpora modificaciones penales para determinadas actividades de exploración y explotación de recursos no renovables en el mar territorial y la plataforma continental argentina.