La docente e historiadora Fernanda Gil Lozano analizó el alcance del Acuerdo Nacional por los Cuidados, firmado en agosto de 2026 por más de 250 organizaciones de todo el país, y destacó la importancia de avanzar hacia el reconocimiento del cuidado como un derecho humano y una responsabilidad compartida.
Durante una entrevista en Mañana Fantástica, la historiadora remarcó que el concepto de cuidado ha sido históricamente minimizado y relegado al ámbito privado, a pesar de que constituye una tarea fundamental para el funcionamiento de la sociedad.
“Hay que cuidar a un bebé, acompañar a una persona mayor, atender a alguien que se enfermó, llevar a los chicos a la escuela, preparar la comida, limpiar la casa, hacer las compras y estar pendiente de las necesidades de los demás. Todo eso significa cuidar”, explicó.
En ese sentido, fue contundente al señalar que “sin cuidados no hay vida social, no hay economía y no hay comunidad”, al considerar que gran parte de las tareas que sostienen la vida cotidiana permanecen invisibilizadas.
Gil Lozano sostuvo que, durante siglos, el cuidado fue considerado una responsabilidad privada y asociada principalmente a las mujeres, como si se tratara de una capacidad natural y no de un trabajo que demanda “tiempo, esfuerzo y conocimiento”.
“La pregunta central es sencilla: ¿quién cuida? Y la respuesta tradicional siempre fue: una mujer”, expresó.
Por ello, destacó que uno de los principales ejes del Acuerdo Nacional por los Cuidados es el concepto de corresponsabilidad, entendido como la necesidad de distribuir estas tareas entre los varones, las familias, el Estado, las comunidades, el mercado y los lugares de trabajo.
“Cuidar no es responsabilidad de las mujeres. Tiene que ser una responsabilidad compartida”, afirmó.
Para la docente e historiadora, el debate excede ampliamente la discusión sobre las tareas domésticas y plantea una pregunta de fondo sobre el modelo de sociedad que se busca construir: “¿Por qué no organizamos la sociedad para que todas las personas puedan trabajar, estudiar, descansar y participar de la vida pública y, al mismo tiempo, cuidar y ser cuidados”.
Asimismo, remarcó que reconocer el cuidado como un derecho implica contemplar tanto a quienes necesitan recibirlo como a quienes realizan estas tareas. En ese sentido, mencionó a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas atravesadas por problemas de salud, adicciones o salud mental.
También cuestionó la falta de reconocimiento laboral y profesional de quienes trabajan en el sector del cuidado. “Hay personas que están diez horas trabajando con personas con mucha dificultad y no las reconocemos”, advirtió.
“HAN SIDO DEVASTADORES”
Consultada sobre el impacto de las actuales políticas de ajuste sobre las tareas y políticas de cuidado, Gil Lozano fue contundente: “Han sido devastadores”.
Según sostuvo, el principal problema radica en la retirada del Estado y en la idea de que las tareas de cuidado deben resolverse exclusivamente en el ámbito privado o familiar.
La historiadora puso especial énfasis en las políticas vinculadas a la discapacidad y cuestionó la falta de condiciones de accesibilidad en numerosos espacios públicos.
“Pensar una ciudad inclusiva que no tiene rampas es un sinsentido”, sostuvo, y explicó que no alcanza con afirmar que todas las personas son tratadas de la misma manera si las condiciones materiales impiden el acceso a los servicios.
Para graficarlo, planteó el ejemplo de un edificio estatal donde una persona debe realizar un trámite en el cuarto piso, pero no existe ascensor. “No sos un Estado inclusivo, porque hay mucha gente que tiene necesidades y no puede llegar al cuarto piso si vos no le ponés un ascensor”, expresó.
Finalmente, Gil Lozano consideró que la discusión sobre los cuidados exige recuperar la sensibilidad de las políticas públicas y construir una mirada integral sobre las necesidades de la población.
En ese marco, el Acuerdo Nacional por los Cuidados busca instalar en la agenda pública una discusión que, según planteó la historiadora, resulta fundamental: quién cuida, en qué condiciones lo hace y cuál es la responsabilidad que debe asumir el Estado y el conjunto de la sociedad.
