La discusión por la continuidad de la emergencia nacional en discapacidad vuelve a instalarse en el Congreso. Un proyecto propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, establecida originalmente por la Ley 27.793, cuyo vencimiento estå previsto para fin de año.
En este contexto, Camila Toledo, fonaudióloga y referente del årea de discapacidad en Santiago del Estero, analizó la situación del sector y explicó por qué considera necesario extender la vigencia de la emergencia.
SegĂșn sostuvo, la declaraciĂłn de emergencia permitiĂł establecer la obligatoriedad del Estado nacional de sostener el ĂĄrea de discapacidad, aunque cuestionĂł que durante los Ășltimos años haya sido necesario recurrir reiteradamente a la Justicia para garantizar prestaciones y derechos.
âLo que ha aportado la emergencia en discapacidad es la obligatoriedad del Estado Nacional de sostener el ĂĄreaâ, afirmĂł Toledo, y agregĂł que âel ĂĄrea de discapacidad ha tenido que ingresarâ al ĂĄmbito judicial âpara sostener los tratamientos, para sostener las coberturas, para sostener el acceso a derechos de todosâ.
La referente santiagueña tambiĂ©n cuestionĂł la forma en que se implementĂł la normativa y señalĂł que la reglamentaciĂłn dejĂł aspectos pendientes. âLa ley sale a medias, no sale en totalidad. Hay muchos artĂculos de la ley que quedan sin reglamentarâ, explicĂł.
Entre los puntos que, segĂșn indicĂł, fueron contemplados se encuentran el sistema de prestaciones bĂĄsicas, el nomenclador, su actualizaciĂłn, las pensiones, el Certificado Ănico de Discapacidad (CUD) y la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan acceder a un trabajo sin que esto implique necesariamente perder una pensiĂłn.
PRESTACIONES, PENSIONES Y UNA SITUACIĂN DE VULNERABILIDAD
Al referirse a la realidad que atraviesan actualmente las personas con discapacidad y sus familias, Toledo señaló que las pensiones estån siendo otorgadas, aunque con demoras.
âEstĂĄn saliendo las pensiones, eso sĂ es importante, estĂĄn saliendo con demora, pero sĂ estĂĄn saliendoâ, indicĂł.
En ese sentido, explicĂł que la pensiĂłn no representa Ășnicamente un ingreso econĂłmico, sino tambiĂ©n una vĂa para acceder a una cobertura de salud. âLa pensiĂłn te habilita, no solamente a tener un ingreso, sino ademĂĄs es la forma en la que el Estado te garantiza una cobertura de saludâ, sostuvo.
Toledo señalĂł ademĂĄs que alrededor de 200.000 personas todavĂa estĂĄn esperando una resoluciĂłn y advirtiĂł sobre el impacto que tiene la situaciĂłn econĂłmica en las familias que deben afrontar tratamientos, medicaciĂłn y controles mĂ©dicos.
âSi hablamos de una pensiĂłn, estamos hablando de un ingreso del 70% de una jubilaciĂłn mĂnima. Entonces no es mucho el aporte a esas personas para los gastos que tienenâ, remarcĂł.
También hizo referencia a las dificultades relacionadas con la quita del plan remediar y ademås, Incluir Salud, al señalar que se dejaron de otorgar determinados elementos y productos, como pañales y leche, que resultan fundamentales para algunas personas con discapacidad.
PRESTADORES Y CENTROS, ENTRE DEUDAS Y RIESGO DE CIERRE
Otro de los puntos centrales de su anĂĄlisis fue la situaciĂłn de los prestadores de servicios de discapacidad.
Toledo explicĂł que existen prestadores particulares y centros que reciben prestaciones a travĂ©s de organismos como Incluir Salud y PAMI, y asegurĂł que estos Ășltimos son quienes mĂĄs han sufrido el impacto de las demoras en los pagos.
âLos centros son los que mĂĄs han sentido este ajusteâ, afirmĂł.
En ese sentido, recordĂł que durante junio se produjo una nueva judicializaciĂłn por las deudas acumuladas por PAMI e Incluir Salud. SegĂșn explicĂł, un amparo obligĂł a ambos organismos a regularizar los pagos debido a atrasos que habĂan llegado âhasta cinco mesesâ.
La situaciĂłn llevĂł a numerosos centros a buscar alternativas para poder continuar funcionando. âMuchos centros han tenido que salir a la calle, a mostrarse, a mostrar cĂłmo trabajan para sostenerse y hacer colectas o hacer ferias para poder sostenerseâ, relatĂł.
Y agregĂł que algunos establecimientos estuvieron âal borde del quiebre del cierreâ, mientras que otros âhan cerrado en el caminoâ.
âLA LEY DE EMERGENCIA ES UN PARCHEâ
Para Toledo, la eventual prĂłrroga de la emergencia puede resultar necesaria para evitar un agravamiento de la situaciĂłn, pero no constituye una soluciĂłn definitiva.
âPara resolver los problemas del sector hacen falta cambios estructurales mĂĄs importantesâ, sostuvo al ser consultada sobre si la emergencia permitiĂł solucionar los problemas de fondo.
La referente recordĂł que anteriormente se habĂa planteado la posibilidad de avanzar en una ley marco para discapacidad, y considerĂł que la emergencia funciona como una respuesta temporal frente a una problemĂĄtica estructural.
âLa ley de emergencia es un parche, es hablar de la emergencia de una situaciĂłn crĂtica del sector vulnerableâ, afirmĂł.
Finalmente, cuestionĂł que el ĂĄrea de discapacidad no ocupe un lugar prioritario dentro de las polĂticas pĂșblicas y dejĂł una definiciĂłn contundente sobre la necesidad de visibilizar los reclamos del sector:
âY tener que sostener la emergencia, como se estĂĄ pidiendo ahora, implica que dentro de las polĂticas, discapacidad no estĂĄ. Entonces, si no nos quieren ver, nos tenemos que mostrarâ.
Toledo advirtiĂł que, si la emergencia en discapacidad finaliza el 31 de diciembre de 2026, el sector volverĂa a atravesar un escenario de incertidumbre. âVolvemos a la incertidumbre de saber exactamente cĂłmo nos vamos a manejarâ, señalĂł, y recordĂł que durante 2025 hubo importantes dificultades para el ĂĄrea, entre ellas, perĂodos de congelamiento de aranceles y demoras en el acceso a Incluir Salud. âHay muchos chicos esperando Incluir Salud de la obra social, que paga la especial y que te habilita a ingresar a un centroâ, explicĂł. En ese sentido, remarcĂł que el sector atravesĂł ocho meses de congelamiento de aranceles, situaciĂłn que, segĂșn sostuvo, representĂł âsituaciones importantes de destrato con el ĂĄreaâ.
