El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en una de las principales herramientas económicas del Gobierno nacional para atraer capitales privados y promover proyectos de gran escala en sectores estratégicos. A dos años de su implementación, el programa acumula anuncios de inversión superiores a los US$200.000 millones, aunque el ingreso efectivo de esos fondos todavía avanza de manera gradual.

La iniciativa, que permite adherir proyectos hasta julio de 2027, contempla beneficios fiscales y estabilidad tributaria y jurídica durante 30 años para las empresas que cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos una inversión mínima de US$200 millones.

Desde su puesta en marcha, en octubre de 2024, el Ejecutivo oficializó 23 proyectos por un monto cercano a los US$50.000 millones. A su vez, otros 24 permanecen bajo análisis, con inversiones previstas por casi US$160.000 millones.

Sin embargo, el volumen de capitales anunciados contrasta con los desembolsos concretados hasta el momento. En ese contexto, también se abrió una discusión sobre el costo fiscal del régimen, debido a las exenciones y ventajas impositivas otorgadas a las compañías que ingresan al programa.

Un informe de la consultora EcoGo estimó que el Estado podría resignar hasta US$8.500 millones anuales en ingresos tributarios. Desde el oficialismo rechazaron esa interpretación y sostuvieron que, sin los incentivos, difícilmente se concretarían inversiones de semejante magnitud.

Cuánto dinero ingresó efectivamente por el RIGI

Uno de los principales interrogantes pasa por determinar cuánto de las inversiones anunciadas se tradujo efectivamente en ingreso de capitales al país. Por el momento, no existe una cifra única y pública que permita establecer con precisión el monto total desembolsado por las empresas adheridas.

A fines de abril, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, señaló durante una exposición ante inversores extranjeros que, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el ingreso neto de fondos vinculado con el RIGI había rondado los US$760 millones, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía.

Ante la falta de estadísticas consolidadas de acceso público, los analistas recurren a otros indicadores para evaluar el avance de los proyectos. Uno de ellos son las importaciones realizadas por las compañías, una variable que permite aproximarse al nivel de actividad e inversión, aunque no representa la totalidad de los desembolsos.

Según un relevamiento de EcoGo basado en registros aduaneros, las importaciones asociadas al régimen acumularon US$623,9 millones desde comienzos de 2025 hasta septiembre de 2026. Además, el 47,2% de ese monto se concentró en los últimos tres meses analizados, entre julio y septiembre.

La evolución de las compras externas también mostró una aceleración durante el período reciente. En agosto, las importaciones alcanzaron un máximo cercano a los US$142 millones, mientras que en septiembre se ubicaron alrededor de los US$107 millones.

Entre las iniciativas que impulsaron estos movimientos se encuentran el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya puesta en funcionamiento está prevista para enero de 2027, además de proyectos siderúrgicos, parques solares y emprendimientos mineros.

Los plazos de inversión y el impacto económico

Pese a los anuncios millonarios, la llegada de los fondos se encuentra condicionada por los cronogramas de ejecución y las características de cada emprendimiento. Se trata, en muchos casos, de proyectos de gran escala que requieren etapas previas de planificación, adquisición de equipos y construcción de infraestructura.

De acuerdo con las estimaciones de EcoGo, las importaciones acumuladas hasta septiembre representan aproximadamente el 2,5% de los US$36.730 millones comprometidos por proyectos aprobados, incluidos aquellos cuya oficialización todavía está pendiente.

La normativa establece requisitos mínimos de inversión para los primeros dos años posteriores a la aprobación de cada adhesión. En función de esos plazos, la consultora calculó que las importaciones podrían representar el 7,8% del capital comprometido al cumplirse ese período.

Asimismo, los proyectos que ya cuentan con aprobación, independientemente de que sus resoluciones hayan sido publicadas en el Boletín Oficial, tienen compromisos mínimos de desembolso que sumarían alrededor de US$13.500 millones durante sus primeros dos años. No obstante, las fechas para cumplir con esas obligaciones varían según cada iniciativa y sus respectivos cronogramas.

El informe también proyectó el ritmo anual de inversión teórico de los proyectos que ya recibieron luz verde oficial. Para 2025, la estimación fue de US$1.820 millones; para 2026, de US$4.598 millones; para 2027, de US$4.905 millones; y para 2029, de US$2.120 millones.

Qué sectores concentran los proyectos del RIGI

El régimen cuenta hasta el momento con 23 proyectos oficializados, que representan inversiones cercanas a los US$50.000 millones. A esa cifra se suman otras 24 iniciativas en evaluación, cuyos desembolsos previstos rondan los US$160.000 millones.

Según los datos publicados en el sitio oficial del programa, el conjunto de proyectos aprobados y en análisis contempla la generación de 243.182 puestos de trabajo.

Además, hay cuatro iniciativas que ya fueron aprobadas y que aguardan su oficialización: proyectos vinculados con Glencore y Pluspetrol, Toyota y Tecpetrol. Con estas incorporaciones, las inversiones estimadas superarían los US$73.746 millones.

La minería encabeza el listado de proyectos que ya cuentan con resolución publicada, con 12 iniciativas. En segundo lugar se ubican los emprendimientos de petróleo y gas, con siete proyectos. El resto corresponde a energía eléctrica, con dos; siderurgia, con uno; e infraestructura, con otro.

De esta manera, el RIGI continúa siendo una de las apuestas centrales del Gobierno para impulsar inversiones de largo plazo. Sin embargo, el desafío pasa por convertir los anuncios y compromisos empresariales en desembolsos concretos, obras en ejecución y actividad económica efectiva.