El Gobierno volvió a ceder durante el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Después de haber eliminado el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, el oficialismo decidió retirar también las reformas a la Ley de Manejo del Fuego al comprobar que no reunía los votos necesarios para aprobarlas en particular. Así, el Senado otorgó media sanción a una versión reducida de la iniciativa, que avanzó únicamente con los cambios en materia de expropiaciones y desalojos.
La votación en general terminó con 37 votos a favor y 33 en contra. Respaldaron el proyecto La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, los dos senadores misioneros, la chubutense Edith Terenzi y el correntino Carlos “Camau” Espínola. La oposición reunió 33 votos negativos, en una sesión que además estuvo marcada por las ausencias de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, quienes no pudieron participar de manera remota.
La decisión de eliminar el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego se tomó durante la noche, cuando el oficialismo confirmó que no alcanzaba la mayoría necesaria para aprobarlo. Las posturas anticipadas por Edith Terenzi y Maximiliano Abad fueron determinantes para que el Ejecutivo desistiera de llevar ese apartado a votación.
La reforma proponía eliminar la restricción incorporada en 2020 que impide modificar durante 30 años el uso de campos, pastizales, praderas y otras superficies afectadas por incendios. La protección para los bosques nativos, en cambio, se mantenía sin cambios. Al quedar el capítulo fuera del proyecto, continuará vigente el régimen actual.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al sostener que buscaba evitar que los propietarios fueran “doblemente castigados” tras sufrir un incendio. Sin embargo, Terenzi cuestionó que la propuesta reducía herramientas de protección ambiental y confirmó que votaría en contra. Abad, por su parte, consideró que el proyecto presentaba objeciones de constitucionalidad.
El debate también quedó atravesado por las tensiones entre el oficialismo y sectores aliados. Las críticas del senador Joaquín Benegas Lynch a quienes impulsaron el retiro del capítulo sobre la Ley de Tierras generaron un fuerte malestar en los bloques dialoguistas. Según trascendió, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano respondieron con dureza en un grupo de WhatsApp que comparten con otros legisladores cercanos al Gobierno e incluso advirtieron que abandonarían el denominado “Grupo de los 44”. La cordobesa Alejandra Vigo también cuestionó esos dichos antes de anunciar su voto negativo a todo el proyecto.
Los cambios que sí avanzaron
Con la eliminación de los capítulos vinculados a Tierras y Manejo del Fuego, el Senado dio media sanción únicamente a las reformas sobre expropiaciones y desalojos, que ahora deberán ser debatidas en la Cámara de Diputados.
Expropiaciones
Las modificaciones a la Ley de Expropiaciones fueron aprobadas por 37 votos afirmativos y 33 negativos. El objetivo de la reforma es endurecer las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes privados y ampliar las garantías para los propietarios.
El proyecto exige una interpretación más estricta del concepto de utilidad pública y obliga al Estado a demostrar que la expropiación es necesaria, proporcional y la única alternativa disponible. Además, establece que el inmueble no podrá ser ocupado hasta que la indemnización haya sido abonada por completo y actualizada por inflación, e incorpora el reconocimiento del lucro cesante cuando corresponda.
El senador Agustín Coto defendió la iniciativa al señalar que busca proteger a los propietarios y agilizar los procedimientos. Desde la oposición, Jorge Capitanich cuestionó el endurecimiento del régimen y reivindicó la expropiación de YPF como una herramienta clave para el desarrollo energético del país.
Desalojos exprés
El Senado también aprobó la reforma del Código Civil y Comercial que crea un nuevo régimen para los desalojos, con 36 votos a favor, 33 en contra y una abstención, correspondiente a Edith Terenzi.
La iniciativa apunta a acelerar los procesos judiciales para que los propietarios recuperen sus inmuebles, permitiendo incluso que un juez ordene la restitución antes de la sentencia definitiva en casos de ocupaciones ilegítimas.
El texto agiliza las notificaciones y amplía las facultades para ejecutar los lanzamientos, aunque mantiene ciertas garantías para personas en situación de vulnerabilidad. En esos casos, el juez deberá intervenir junto a los organismos competentes y podrá otorgar hasta diez días para una solución habitacional transitoria. También se establece que, antes de iniciar una demanda por falta de pago, el propietario deberá intimar previamente al inquilino.
Durante el debate, Mariano Recalde cuestionó que el nuevo régimen también alcance a quienes se atrasan en el pago del alquiler y advirtió que la reforma genera un trato desigual entre propietarios e inquilinos.
