En diálogo con Mañana Fantástica, la abogada Dra. Claudia Pallares, y el coordinador general de Nexo Centro de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad Adolescente, Manuel Santillán, analizaron el nuevo régimen penal juvenil en Argentina y el debate generado por la baja de la edad de imputabilidad.
Pallares explicó que la reciente modificación legislativa implica que adolescentes desde los 14 años podrán ser imputados penalmente, aunque subrayó que continúan siendo considerados sujetos de especial protección. En ese marco, remarcó que deben recibir un tratamiento diferenciado respecto de los adultos.
“La responsabilidad siempre existió, pero ahora cambia el tipo de sanción. No se puede equiparar la privación de la libertad de un adulto con la de un niño o adolescente”, sostuvo.
Por su parte, Santillán se refirió a la Ley 27.801 y planteó cuestionamientos sobre su aplicación, al considerar que podría presentar aspectos de inconstitucionalidad, especialmente en relación a las facultades de las provincias en materia procesal.
Asimismo, consideró que la medida responde más a una decisión política que a una solución de fondo. “Los delitos cometidos por menores representan un porcentaje muy bajo, entre el 1% y el 3%, y en su mayoría son hechos contra la propiedad”, indicó.
En ese sentido, advirtió que el endurecimiento de penas no aborda las causas estructurales del problema. “Privar de la libertad a un adolescente no es una respuesta integral. El desafío es qué hacer y cómo hacerlo”, afirmó.
Ambos especialistas coincidieron en que gran parte de los jóvenes en conflicto con la ley provienen de contextos de vulnerabilidad, atravesados por la falta de acceso a derechos básicos como educación, salud y contención familiar, además de problemáticas de consumo.
En relación al trabajo territorial, Santillán destacó el rol de Nexo, un espacio que funciona en Santiago del Estero con un enfoque interdisciplinario. Allí se trabaja tanto con adolescentes privados de libertad —entre 10 y 15 en promedio— como con aquellos que continúan bajo seguimiento ambulatorio.
El abordaje incluye asistencia psicológica, educativa, capacitación laboral, actividades deportivas y acompañamiento familiar, con el objetivo de prevenir la reincidencia y favorecer la reinserción social.
“Buscamos que el adolescente vuelva a la comunidad con herramientas, no que se convierta nuevamente en un problema”, explicó.
Finalmente, ambos remarcaron la necesidad de fortalecer políticas públicas integrales y advirtieron sobre las contradicciones entre el endurecimiento de medidas penales y la reducción de programas sociales. Coincidieron en que la respuesta al delito juvenil debe centrarse en la prevención, la inclusión y el acompañamiento, más que en el castigo.