Habían sido incluidas en el artículo 75 del capítulo 11 del Presupuesto 2026, rechazado por los legisladores. Fue uno de los puntos más controvertidos en la votación.
Finalmente, el oficialismo no logró derogar en la Cámara de Diputados las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, incluidas en el artículo 75 del capítulo 11 del Presupuesto 2026.
Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad
La ley que declara la emergencia en discapacidad tiene vigencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.
Su objetivo central es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas clave como salud, educación, trabajo y protección social.
Entre las principales medidas se destacan las compensaciones económicas para prestadores de servicios y talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Además, se establecía la regularización de pagos atrasados y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, que es declarado de interés público nacional.
La normativa también impulsa una reforma del sistema de pensiones no contributivas, con el fin de asegurar su financiamiento y revisar las condiciones de acceso y permanencia. Se propone fortalecer la gestión institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras en su base de datos, actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con un enfoque integral, y asignar recursos específicos para el funcionamiento de talleres protegidos y centros de día.
A su vez, se exige al Poder Ejecutivo que rindiera cuentas sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia, y se ratificaba el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario
Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario prevé actualizar las partidas para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología al 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación de 2023 y 2024.
Además, establece incrementos bimestrales por IPC y una recomposición salarial para docentes y no docentes, con actualización mensual por inflación.
La iniciativa llegó tras el veto de Javier Milei a una ley similar en octubre de 2024, decisión que en su momento había sido ratificada por Diputados. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), pese a un aumento del 29% decretado por el Ejecutivo, el presupuesto para 2025 se ubicó en su nivel más bajo en dos décadas, con una caída real del 32% desde 2023, lo que compromete el funcionamiento de las universidades y el acceso a la educación superior gratuita.