El Grupo de Protección Animal de Los Juríes se vio nuevamente sacudido por un caso de extrema crueldad. Todo ocurrió el 5 de septiembre, cuando su referente, Silvana Anriques, recibió una alerta desesperada: una perrita había sido asesinada a tiros, al parecer mientras era perseguida por motociclistas. El ataque dejó a dos cachorras huérfanas y a otra perra herida por un disparo.

Al día siguiente, Anriques acudió al lugar y encontró a la perra sobreviviente —a la que luego llamaron Pichuka— en estado de shock, cuidando a las dos cachorritas de la perra fallecida. Inmediatamente las rescató y trasladó a Pichuka a una veterinaria, donde fue atendida de urgencia. El profesional confirmó, mediante un certificado, que la lesión era compatible con un arma de fuego.
Durante más de diez días, la perra recibió curaciones y antibióticos, quedando bajo resguardo del grupo, mientras que las dos cachorras fueron entregadas en adopción responsable.
A partir de la denuncia, la investigación apuntó a Matías Gómez, Lautaro Gómez y un menor de apellido Torres como sospechosos del brutal ataque. La Justicia ordenó sus detenciones, pero no estaban en sus domicilios al momento del operativo. En el allanamiento se secuestraron dos motos vinculadas al hecho.
Semanas más tarde, la Oficina de Medidas Alternativas de Añatuya informó a Anríquez sobre la resolución judicial: los imputados —Gómez Lautaro Alejandro, Gómez Jorge y Torres Matías— fueron excarcelados, pero deberán cumplir un estricto conjunto de medidas, entre ellas: fijar domicilio, presentarse ante la Justicia cuando se los requiera, no portar armas, no consumir alcohol ni drogas y abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia.
Además, se dictó prohibición absoluta de acercamiento y contacto hacia Anríquez y hacia Florencia Bustamante, otra integrante del grupo que asistió a los animales heridos.
La causa, que investiga maltrato animal y portación ilegítima de arma de fuego, sigue en marcha, y ante cualquier incumplimiento de los imputados, la denunciante podrá acudir de inmediato al Ministerio Público Fiscal, la Comisaría 48 o la OMAS.