La Cámara de Apelaciones resolvió que la investigación por la muerte de Luciana Torres deberá continuar bajo la órbita del Juzgado de Control y Garantías, descartando por completo la intervención de la Justicia de Género.
La decisión fue tomada este martes por las vocales Inés Zamora, Gabriela Núñez y Cecilia Vittar, quienes coincidieron con el criterio previamente expresado por la jueza de Género, Norma Morán, al declararse incompetente.
Torres, una joven modelo, fue encontrada sin vida el 30 de diciembre de 2024 en su departamento de calle Mitre. La fiscal Celia Mussi acusa a su expareja, Joaquín Cesca, de una presunta instigación al suicidio. El imputado es asistido por los abogados Guillermo Ruiz Alvelda y Sofía Oberlander.
La causa también alcanza a Julián Canllo, imputado por falso testimonio y representado por Maricel Beltrán y Eugenio Chavarría, y a Ana Carolina Ruzzo, acusada por omisión de auxilio, con la asistencia de Juan José Saín y Lara Lucateli Perrén.
El 8 de agosto, la fiscal Mussi presentó la requisitoria de elevación a juicio. Sin embargo, en septiembre, el querellante Sebastián Robles impulsó una acusación alternativa contra Cesca, esta vez bajo la figura de homicidio agravado por el vínculo en un contexto de género. Ese planteo generó un conflicto de competencia.
El juez de Garantías Darío Alarcón se declaró incompetente por entender que el nuevo encuadre sugería un contexto de violencia de género. Luego, la jueza Morán también rechazó intervenir, considerando que su juzgado tampoco debía asumir el caso.
El conflicto quedó saldado con la resolución de la Cámara, que confirmó la competencia de los jueces de Garantías. Con este punto aclarado, el tribunal retomará la audiencia pendiente de la semana pasada para tratar los recursos presentados por la defensa de Cesca y por la fiscal Mussi.