La Justicia avanzará con una serie de peritajes sobre una decena de cheques que, en conjunto, rondan los $40 millones, en el marco de la causa que investiga a la contadora María Soledad Castelli por presunta usura y emisión de cheques sin fondos. La fiscal Celia Mussi también puso bajo la lupa un reciente viaje de la imputada a Buenos Aires, realizado junto a dos allegados.
El expediente se abrió tras la denuncia de Carlos Rubén Sebastián Silva, quien aseguró haber entregado a Castelli alrededor de $136 millones, confiando en garantías patrimoniales y referencias que consideró confiables. Según la fiscalía, la contadora habría devuelto cheques que, en su mayoría, fueron rechazados por falta de fondos o por provenir de cuentas con antecedentes negativos. Entre ellos hay documentos por $13,5 millones y $17 millones, que ya están en proceso de análisis por parte del Departamento de Delitos Económicos.
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un poder general para administración y disposición, emitido por una escribanía céntrica y firmado por una expareja de Castelli. Ese documento habría servido para concretar múltiples operaciones comerciales –incluidas ventas de ganado en Santiago del Estero y Tucumán– que ahora también son objeto de revisión. A esto se suma un Formulario 08 de un Mercedes-Benz, cuya transferencia estaba concluida, lo que lo dejaba sin validez como garantía.
La fiscal Mussi pidió informes a distintas entidades bancarias para determinar el estado de los cheques antes y después de ser endosados. Además, se prevé citar a escribanos y profesionales que habrían intervenido en las transacciones atribuidas a Castelli.
En paralelo, la defensa de la contadora –a cargo de los abogados Sergio y Miguel Brandán– analiza solicitar arresto domiciliario. Castelli fue detenida en un allanamiento ordenado por el juez Darío Alarcón y, al presentarse ante la Fiscalía, optó por no declarar. Afirmó, sin embargo, que también había denunciado a Silva por amenazas, en un conflicto donde ambas partes se acusan mutuamente.
La investigación busca determinar si las operaciones integraban una presunta red de préstamos usurarios, presentada como un esquema de inversiones de rápida rentabilidad. Silva aseguró haber entregado grandes sumas bajo esas condiciones, recibiendo a cambio solo cheques que resultaron impagos. Uno de los puntos que más interés genera en la fiscalía es el viaje a Buenos Aires que Castelli realizó mientras se desarrollaba el conflicto económico con el denunciante.
La causa sigue abierta y se centra ahora en el análisis documental, la situación bancaria de los cheques y la toma de nuevas declaraciones para establecer el alcance real de las actividades atribuidas a Castelli y su entorno.