La ley deberá promulgarse, ya que el Presidente no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado. El proyecto propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas. Desde distintos sectores advierten que, si el Ejecutivo no aplica la norma, podría impulsarse un juicio político.
En medio del escándalo por los audios de las coimas en la ANDIS y a tres días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Senado logró la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad con 63 votos afirmativos y 7 en contra. El rechazo total a un veto del Ejecutivo no se daba desde hace 22 años. Solo La Libertad Avanza y dos aliados apoyaron el veto de Javier Milei.
Esta vez, cinco de los seis senadores de La Libertad Avanza votaron para sostener el veto, junto con Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni. Vilma Bedia (La Libertad Avanza) se ausentó al momento de la votación, aunque estuvo presente durante la sesión.
El oficialismo marcó su postura a través de una senadora que, si bien no integra el bloque libertario, hace tiempo actúa en sintonía con La Libertad Avanza. Carmen Álvarez Rivero, legisladora del PRO pero alineada con el Gobierno nacional en temas clave, fue la única en alzar la voz para defender el veto presidencial, en una sesión donde inicialmente se esperaba que también hablaran otros referentes del oficialismo.
“Considero que esta ley no hace falta”, dijo la cordobesa, aunque admitió que los aranceles deben aumentarse. “Aprovecho este momento para pedirle públicamente al ministro Lugones que aumentemos hoy los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir teniendo las prestaciones que necesitan. Esto no requiere una ley, requiere gestión y una decisión política”, agregó la senadora, que dos semanas atrás había afirmado que no reconocía “el derecho de los niños argentinos a ser curados”, en medio de la discusión por el Hospital Garrahan.
El presidente del bloque libertario, Ezequiel Atauche, se bajó a último momento de la lista de oradores, dejando a Álvarez Rivero como única voz oficialista en el recinto. El resto de las alocuciones estuvieron centradas en reprobar el accionar del Gobierno frente a los derechos de las personas con discapacidad, reclamar por la censura a periodistas, recordar los audios de Spagnuolo y Karina Milei, y pedir la interpelación de la secretaria general de la Presidencia —una iniciativa que podría avanzar en la próxima sesión—.
El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, sostuvo que el gobierno de Javier Milei impulsa “una política de exclusión” cuyo objetivo es “dejar personas afuera”. “Las personas más vulnerables de este país están en una situación desesperante”, advirtió. En ese sentido, respaldó la ley y desmintió los argumentos del Ejecutivo: “No es cierto que haya proliferado indiscriminadamente la cantidad de personas con discapacidad en el país, como planteó Adorni. Eso de que ‘son todos truchos’ es una mentira que inventa el vocero”. Además, remarcó que de los seis millones de personas con discapacidad que se estima viven en la Argentina, solo un millón tiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Desde la oposición también apuntaron contra los discursos oficialistas sobre libertad de expresión y transparencia. “Cuando el Presidente insulta a un niño autista de doce años, es un acto de libertad de expresión constitucionalmente protegida; cuando un periodista da a conocer información sobre un entramado potencial de corrupción que involucra a un gobierno, dice que es una conspiración internacional de dimensiones monumentales. ¿Se dan cuenta del disparate que es esto?”, ironizó el radical Martín Lousteau.
Advierten sobre posibles juicios políticos contra funcionarios del Gobierno
El senador santacruceño José María Carambia lanzó una dura advertencia contra el presidente Javier Milei: “Si usted no cumple esta ley, soy el primero en presentar un juicio político”. Durante su discurso, Carambia enfatizó que defenderán la norma y no permitirán que el Ejecutivo utilice “artilugios legales” para evadir su aplicación, resaltando la urgencia de atender las demandas de las personas con discapacidad. En paralelo, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, reclamó un juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la denuncia que busca censurar a periodistas en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Qué dice la ley de emergencia en discapacidad
La ley que declara la emergencia en discapacidad tendrá vigencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Su objetivo central es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas clave como salud, educación, trabajo y protección social. Entre las principales medidas se destacan las compensaciones económicas para prestadores de servicios y talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Además, se establece la regularización de pagos atrasados y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, que es declarado de interés público nacional.
La normativa también impulsa una reforma del sistema de pensiones no contributivas, con el fin de asegurar su financiamiento y revisar las condiciones de acceso y permanencia. Se propone fortalecer la gestión institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras en su base de datos, actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con un enfoque integral, y asignar recursos específicos para el funcionamiento de talleres protegidos y centros de día. A su vez, se exige al Poder Ejecutivo que rinda cuentas sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia, y se ratifica el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.