En el programa “Mañana Fantástica”, integrantes de la asociación de padres de la escuela de agricultura, ganadería y granja de Santiago del Estero, exigen ser escuchados por la Universidad Nacional ante una situación que la definen como insostenible por cobros exorbitantes y el impedimentos de alumnos al establecimiento por endeudamiento de matrícula.
Desde el mes de enero, la asociación se ha constituido formalmente. Ya cuenta con el acta constitutiva y el estatuto, y actualmente se encuentra en proceso de gestión de la personería jurídica, un trámite que requiere tiempo y dedicación.
A pesar de ello, la organización ya está en marcha: son más de 30 padres y madres quienes participan activamente, y cada vez se suman más a medida que conocen la función y el propósito de la asociación. El objetivo es claro: trabajar de manera colectiva para brindar contención, acompañamiento y respuestas concretas a las necesidades que los convocan.
La iniciativa nació como respuesta a una serie de hechos que comenzaron a generarse desde fines del año 2022, y se profundizaron con el inicio de una nueva gestión directiva en 2023.
Según relataron los integrantes del grupo, con la llegada del Ingeniero Sández a la conducción de la institución, las reuniones con las familias comenzaron a volverse tensas, cargadas de confrontaciones, gritos y ausencia de espacios de escucha. “Todas las reuniones fueron muy confrontativas. Como papás estábamos solos porque no teníamos la escucha. En toda institución debe haber diálogo entre padres, alumnos y directivos”, expresaron.
La situación se volvió insostenible en diciembre de 2024, cuando vivieron episodios que describieron como muy difíciles. Fue entonces que, en enero, un grupo de padres decidió reunirse para pensar en conjunto cómo actuar frente a esa realidad. Así nació la idea de formar una asociación que los represente y les brinde herramientas legales para ser escuchados y canalizar sus reclamos de manera respetuosa.
“Queremos dejar en claro que no estamos en contra de la institución. Estamos muy conformes con su historia y el rol que cumple en la sociedad santiagueña. Cumplió 75 años de vida, y valoramos profundamente su aporte”, señalaron. El problema, afirmaron, no es la institución, sino la falta de apertura al diálogo por parte de sus actuales autoridades.
Hoy, con el respaldo de asesores legales, la asociación busca garantizar un espacio de participación activa, tanto para los padres como para los alumnos, quienes , según destacaron son los más afectados. “Nuestros hijos son los que ponen el cuerpo ante estas situaciones. Por ellos, por su bienestar y dignidad, decidimos organizarnos”.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la asociación cooperadora denominada ACER (Asociación de Amigos del Centro Educativo Rural), encargada de administrar los aportes económicos de las familias. Según explicaron los padres, ACER establece tres modalidades de cobro según la condición del estudiante: residente (quienes viven en la escuela y reciben todas las comidas y hospedaje), medio residente (quienes permanecen en jornada completa pero regresan a sus hogares) y externo. Sin embargo, este año la categoría de alumno externo fue eliminada para los ingresantes de primer año, sin brindar la posibilidad de que los estudiantes lleven su propia comida.
“Nuestros hijos cursan en jornada completa, reciben desayuno, almuerzo y merienda, y en el caso de los residentes, también cena y hospedaje. Pero muchas veces la comida no es adecuada o no coincide con lo que la institución dice ofrecer”, afirmaron. Además, sostienen que ante la imposibilidad de pago, algunos padres fueron excluidos del sistema, y se les negó la posibilidad de acordar un plan de pagos, a diferencia de otros a quienes sí se les otorgaron facilidades “según el criterio arbitrario de la dirección”.
Los padres también denunciaron el cobro de documentación considerada pública, como certificados de escolaridad, por valores desproporcionados: entre 10.000 y 20.000 pesos. “Es una locura que nos cobren esas cifras. Es una institución pública”, señalaron con indignación.
Otro de los puntos críticos fue el monto exigido en concepto de matrícula: $80.000 en diciembre del año pasado y $100.000 a partir de enero. “Entendemos que la escuela tiene gastos, pero si la universidad no cobra inscripción a sus alumnos de grado, ¿por qué a nosotros, padres de una escuela secundaria, se nos exige pagar montos tan altos?”, cuestionaron. Incluso afirmaron haber sido testigos de casos en los que alumnos fueron impedidos de ingresar al establecimiento por no haber abonado la matrícula o por deudas del año anterior.
Ante esta situación, los padres solicitaron a la universidad que intervenga y brinde respuestas concretas. “Vinimos para ser escuchados. Lo único que pedimos es que se respeten nuestros derechos y los de nuestros hijos”, concluyeron.