El Ministerio de Salud envĂo mĂĄs de 550.000 notificaciones para certificar la documentaciĂłn y logrĂł contactar solo a la mitad de los beneficiados. Aseguran que en mĂĄs de 220.000 casos no se encontrĂł la direcciĂłn informada y que en los restantes no pudieron consignar la entrega de la documentaciĂłn.
El Gobierno analiza suspender 270.000 pensiones de discapacidad de personas con domicilios desconocidos. Se trata de las citaciones de la auditorĂa que realiza la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud. El Ejecutivo envĂo cartas documento a las casas de los beneficiarios para comenzar un proceso de chequeo del universo total de 1.000.000.
SegĂșn el medio de TN, la Casa Rosada puso en curso mĂĄs de 550.000 notificaciones para contactar a los pensionados y logrĂł comunicarse solo con 280.000. En Balcarce 50 aseguran que en mĂĄs de 220.000 casos no encontraron domicilio y que en 50.000 no pudieron consignar la entrega de la documentaciĂłn por inaccesibilidad, rechazos, vacaciones y plazos vencidos.
Es por eso que NaciĂłn estudia suspender los pagos de las 270.000 pensiones de las personas que no pudieron contactar mientras continĂșan con la auditorĂa. Hay ademĂĄs mĂĄs de 110.000 cartas que todavĂa no fueron enviadas para la citaciĂłn. âSi no podemos corroborar que son personas discapacitadas, las vamos a dar de bajaâ, expresan en el oficialismo.
Los funcionarios a cargo del proceso tienen la presunciĂłn de que hay un nĂșmero alto de pensionados que no viven en la Argentina y planean cruzar la base de datos con los registros de la DirecciĂłn Nacional de Migraciones. No conciben la posibilidad de que el beneficiario no pueda presentarse ante las entrevistas y controles que estĂĄn realizando. âSi suspendemos el pago luego de las notificaciones y no hay quejas, entendemos que habĂa una irregularidadâ, agregan.
El Gobierno asegura que darĂĄ de baja las pensiones de las personas que no pasen los exĂĄmenes mĂ©dicos a los que serĂĄn sujetos a raĂz de la auditorĂa, de la que tambiĂ©n participarĂĄ el PAMI. NaciĂłn derogĂł ademĂĄs la resoluciĂłn 187/2025, que fijaba los lineamientos normativos para avanzar con los chequeos.
âEsta decisiĂłn se toma con el objetivo de avanzar en la implementaciĂłn de una nueva normativa que estĂĄ siendo revisada por profesionales y especialistas en la temĂĄtica, con la activa participaciĂłn de organizaciones de la sociedad civilâ, expresĂł el oficialismo luego de oficializar la medida. El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, deberĂĄ presentar en el corto plazo un nuevo marco.
El Ejecutivo solicitarĂĄ en cada evaluaciĂłn un certificado mĂ©dico oficial, que debe tener la secuela invalidante, junto con un resumen de la historia clĂnica -que incluya detalles del tratamiento- y estudios complementarios sobre la patologĂa incapacitante. La convocatoria de turnos para concretar las citaciones comenzĂł el 1 de marzo de este año.
La oposiciĂłn impulsĂł este miĂ©rcoles en el Congreso un proyecto de ley para establecer el estado de emergencia en discapacidad. La iniciativa propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones BĂĄsicas de AtenciĂłn Integral. Promueve tambiĂ©n establecer el âfinanciamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, corroborando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficioâ.
