El informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA no solo calculó el impacto del aumento de la inflación sobre los niveles de pobreza e indigencia. También detectó una tendencia de deterioro que, más allá de vaivenes, lleva ya 17 años, a pesar de una mayor cobertura de los programas de ayuda.
El flamante estudio del Observatorio de Deuda Social de la Argentina de la UCA estimó que el golpe inflacionario de diciembre y enero llevó a que la pobreza en el país alcance ya el 57,4% de la población, unos 27 millones de personas, de las cuales 7 millones son indigentes; esto es, sus ingresos no alcanzan a cubrir no solo la Canasta Básica Total (CBT), que define el umbral de pobreza, sino tampoco la Canasta Básica Alimentaria (CBA), nivel de ingresos por debajo del cual se cae en la indigencia.
Sucedió, dice el informe, que la devaluación de diciembre produjo un marcado aumento de los precios generales y aunque el gobierno incrementó los valores de las transferencias de las políticas sociales “independientemente de estos esfuerzos del Estado y del incremento observado en las fuentes secundarias de las jubilaciones, pensiones y de los ingresos laborales, se incrementó en forma significativa el porcentaje de población en situación de indigencia y pobreza”.
El fuerte aumento de la CBT, ante ingresos casi estancados, llevó a estimar que la población en situación de pobreza pasó del 44,7% en el tercer trimestre de 2023 al 49,5% en diciembre de 2023 y al 57,4% en enero de 2024. “El mayor incremento lo experimentaron los hogares de clases trabajadoras o medias no beneficiarias de programas sociales”, dice el trabajo.
Respecto a los niveles de indigencia, la evolución (o involución) fue que el porcentaje de la población argentina en esa condición “pasó del 9,6% observado en el tercer trimestre de 2023 al 14,2% en diciembre de 2023 y al 15% en enero de 2024″. El informe a su vez reconoce que, en enero, el aumento de las transferencias en políticas sociales dispuesto por el gobierno “amortiguó, sobre todo en los beneficiarios de los programas, el incremento de la indigencia estimada en diciembre”.
Un aspecto aún más asombroso de la profundidad del calado de la crisis económico-social es que a pesar del constante aumento del porcentaje de población que a lo largo de los últimos 20 años recibió distintos planes de ayuda social y de alimentación es que, precisa el informe, los residentes en hogares beneficiarios de políticas sociales presentaron un nivel de pobreza del 76,5% en el tercer trimestre de 2023, un 81,9% en diciembre de 2023 y un 85,5% en enero de 2024″. Esto es, menos del 15% de quienes reciben ayudas sociales puede salir, gracias a esas ayudas, de la pobreza.
A su vez, en el mismo grupo de hogares destinatarios de políticas sociales el nivel de indigencia, que en el tercer trimestre de 2023 era del 19,7% de las personas, en diciembre de 2023 aumentó a 28,8% y en enero decreció al 23,8% “como consecuencia de las políticas compensatorias”.
Si bien el foco del estudio es el impacto sobre la situación social del golpe inflacionario de los últimos meses, esos hallazgos no dejan de ser impresionantes y cuestionar la eficacia de las políticas de ayuda de los últimos 20 años. El propio informe precisa que la proporción de hogares perceptores de programas sociales se incrementó constantemente entre 2006 y 2023 “dando cuenta del relevante y creciente papel del Estado para satisfacer necesidades básicas de los hogares y la población.”