El breve mensaje que les llegó a los 19 empleados de la sucursal Capital y Banda de Garbarino, a través de un Whatsapp, expuso una vez más la situación crítica que viven determinados rubros del sector comercial a nivel local y nacional.
La decisión de la empresa abarcó no solo sus sucursales locales, sino las de todo el país. Si bien éste es el caso más resonante en lo que va del año, según datos oficiales hay un goteo de pérdidas de empleos formales en el sector comercial a nivel provincial, que desde 2018 acumula una destrucción de 1.600 puestos laborales.
El cierre anunciado ayer, dejó a los trabajadores sin cobrar el 25% del sueldo de abril. “El mes de mayo han cobrado solo lo del Repro del gobierno nacional ($22.000) y la empresa les debe junio y el medio aguinaldo más unos bonos de enero de este año y diciembre del año pasado”, indicó Víctor Paz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio local. La deuda con cada trabajador sería de unos $200.000. En el conjunto de los empleados que se quedaron sin cobrar, suman unos $3,8 millones.
Cabe destacar que hace unos días atrás, mediante el DNU 413/2021 el gobierno nacional firmó el decreto por el cual prorrogó “hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”. En este punto, el cierre hasta nuevo aviso no implica que los empleados estén despedidos. Según indican desde el gremio, “los empleados tienen que mandar un telegrama a la empresa intimando a que les aclare su situación laboral y, si no hay respuesta, ahí sí se consideran despedidos”.
Paz, sostuvo que hasta esta semana “estaba la esperanza que una empresa comprara Garbarino en todo el país. Esta negociación viene hace un mes y teóricamente ayer se cerraban las negociaciones según lo que nos dijeron el martes pero eso no ha sucedido y han decidido cerrar”.
Agregó que “ahora desde el sindicato vamos a poner un policía para evitar que se lleven la mercadería y mañana –por hoy- vamos a plantear una medida cautelar para que un juez determine que la empresa no pueda sacar la mercadería así puedan cobrar lo que se les adeuda”.
