Aclaran que las medidas de Nación no requerirán la conformidad de las provincias
Desde el gobierno nacional, consideraron que “es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos en medio de una pandemia”. Estimaron prudente la consulta y el diálogo entre las jurisdicciones
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, respaldó en el plenario de comisiones del Senado el proyecto de ley enviado por el Gobierno que establece criterios básicos epidemiológicos para establecer restricciones.
“Siempre creemos que parece prudente la consulta y el diálogo entre las jurisdicciones, pero no se requiere conformidad, si no, no las adoptaría el gobierno nacional’, dijo al respecto.
Cabe mencionar que la norma es objetada porque otorga al Poder Ejecutivo facultades delegadas en el contexto de la pandemia y fue defendida por la mencionada funcionaria, quien reconoció que la Nación podrá tomar decisiones por encima de las voluntades de las provincias.
‘El proyecto de ley surgió tras el conflicto suscitado entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión de la presencialidad de las clases; pero también porque derivó en una intervención de la Corte Suprema que se manifestó a favor de la autonomía de la Caba para tomar sus propias medidas.
Para Ibarra,”‘es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos”’ en medio de una pandemia como la que afecta al país y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente las medidas para mitigar la expansión del virus.
La funcionaria declaró que el Gobierno acudió al Congreso ‘con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y qué cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación en que viven’.
Explicó también: “Todas las medidas. que se prevén en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el Presidente de la Nación, ‘van a tener que estar sometidas al chequeo de su eficacia”.
‘Se establece un máximo de 21 días para que se pueda valorar su eficacia” enfatizó finalmente.
