Con 220 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Joaquín, un proyecto que establece medidas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados.
“Agradecemos a los padres de Joaquín, que fueron el motor de esta iniciativa”, señaló antes de la votación la diputada de Unión por la Patria, Luciana Potenza, e incentivó a replicar esta reglamentación en todas las provincias. Luego, cerró: “Podemos salvar la vida de muchos pibes y pibas”. El legislador Jorge Chica, del mismo partido, rescató la unanimidad del dictamen y también se dirigió a la familia: “Vamos a tener siempre a Joaquín presente. Transformaron su dolor más profundo en una causa para proteger a muchos chicos de la República Argentina”.
La norma alcanza a todas las instituciones públicas o privadas, cualquiera sea su forma jurídica, que cuenten con equipamiento deportivo o recreativo en sus instalaciones, además de aquellas que dispongan de estos elementos en espacios públicos.
El proyecto surgió a partir del caso de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía que murió en enero de este año luego de que un arco de fútbol cayera sobre él mientras jugaba durante un campamento en Neuquén. Su familia impulsó la iniciativa para evitar que otras personas atraviesen una situación similar.
Cómo se aplicará la Ley Joaquín
La propuesta establece que la Subsecretaría de Deportes de la Nación funcionará como órgano de coordinación y asistencia. Entre sus funciones estará la elaboración de estándares técnicos mínimos y guías para implementar las medidas previstas, mientras que las jurisdicciones deberán adaptar su aplicación a sus propias normativas.
Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán establecer la autoridad local de aplicación, además de definir los mecanismos de control y supervisión y las eventuales sanciones y multas por incumplimientos. El proyecto también contempla que las jurisdicciones puedan establecer disposiciones complementarias dentro de sus competencias.
