La fonaudióloga y referente del área de discapacidad, Camila Toledo, analizó el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que será tratado este jueves en el Senado de la Nación. Si bien reconoció que la iniciativa contempla avances para las personas con discapacidad y los prestadores, advirtió que no ofrece una solución integral a los problemas de financiamiento y acceso a las prestaciones.

En una entrevista, Camila Toledo, fonoaudióloga y referente del área de discapacidad, se refirió al tratamiento legislativo previsto para este jueves en el Senado, donde se debatirá el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La especialista analizó los principales puntos de la iniciativa, sus posibles beneficios y las dificultades que todavía atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que trabajan en el sector.

“NO DA UNA RESPUESTA TOTAL”

Al ser consultada sobre si la aprobación de la normativa representaría una respuesta a los reclamos sostenidos durante los últimos meses, Toledo fue contundente.

“No, no da una respuesta total. Si bien esta ley toma mucho de la ley de emergencia, la emergencia nunca ha sido un decoro semántico dentro de un título”, expresó.

En ese sentido, explicó que la declaración de emergencia implicaba la obligación de adoptar medidas extraordinarias para garantizar el sostenimiento del sistema frente a las dificultades económicas.

“No hemos salido de la situación de emergencia”, remarcó, aunque reconoció que las negociaciones políticas permitieron avanzar hacia un proyecto que recupera varios de los puntos contemplados en la legislación anterior.

Según sostuvo, la iniciativa representa una respuesta parcial, pero todavía resulta necesario avanzar en transformaciones estructurales que garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos.

“Probablemente tenga el apoyo, quedemos con lo conseguido. La ley de emergencia establecido; si bien viene a darnos una respuesta, pero no integral. Con la ley de emergencia hemos conseguido medidas de sostenimiento, pero hay que pensar de aquí en más qué va a hacer este país con todos sus habitantes. Las personas y el colectivo con discapacidad fomamos gran parte del país en el que vamos a dejar de pedir reursos mínimos y vamos a pedir cambios estructurales”, sentenció Toledo.

Entre los desafíos pendientes mencionó la desigualdad territorial y las dificultades de acceso a los servicios, especialmente en localidades alejadas de las capitales provinciales, donde suelen concentrarse los principales recursos y prestaciones.

PENSIONES, TRABAJO Y CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

Durante la entrevista, Toledo explicó algunos de los cambios que, según su análisis, contempla el proyecto y que podrían impactar directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.

Uno de los puntos destacados es la compatibilidad entre las pensiones por discapacidad y el trabajo, bajo determinados límites de ingresos.

La referente señaló que esta modificación permitiría que las personas puedan desarrollar una actividad laboral sin perder automáticamente el beneficio, siempre que se respeten las condiciones económicas establecidas.

También indicó que se mantienen los criterios de acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En relación con los prestadores, destacó que el proyecto contempla la actualización automática de los valores del nomenclador de prestaciones, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior.

PREOCUPACIÓN POR EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA

Otro de los aspectos abordados fue el financiamiento de las prestaciones y la disponibilidad de recursos para garantizar su continuidad.

Toledo explicó que el proyecto establece que, ante la insuficiencia de fondos, el Tesoro Nacional deberá aportar recursos para sostener el sistema.

Sin embargo, advirtió que esta disposición no necesariamente resuelve las dificultades que atraviesan determinados mecanismos de financiamiento.

En particular, hizo referencia al Fondo Solidario de Redistribución, destinado, entre otras finalidades, a financiar prestaciones vinculadas con la discapacidad dentro del sistema de salud.

Según manifestó, existen dificultades relacionadas con la disponibilidad y utilización de esos recursos, una problemática que considera pendiente de resolución.

“Financiamiento el área tenía. Discapacidad tiene un fondo propio, el Fondo Solidario de Redistribución”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el nuevo proyecto podría ofrecer respuestas para determinadas coberturas, pero no resolvería completamente los inconvenientes del sistema de prestaciones básicas que dependen de ese fondo.

DEMORAS DE HASTA 120 DÍAS EN EL PAGO A PRESTADORES

La referente también expresó su preocupación por los retrasos en los pagos que reciben los profesionales e instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad.

Según explicó, desde julio comenzaron a registrarse modificaciones en los tiempos de acreditación de los pagos por parte de las obras sociales.

Mientras anteriormente algunos pagos se efectuaban entre los días 15 y 18 de cada mes, actualmente, según relató, se están realizando hacia finales de mes.

Además, indicó que existen prestaciones que se cobran con 60, 90 y hasta 120 días de demora, dependiendo de la administración de cada obra social.

Esta situación genera incertidumbre entre los prestadores y pone en riesgo la continuidad de los servicios.

Toledo advirtió que la preocupación aumenta de cara a enero, cuando la actividad administrativa suele disminuir y podrían profundizarse las dificultades para garantizar la cadena de pagos.

“Si durante este año, durante este momento que es donde estamos en actividad, tenemos que estar haciendo reclamos porque llegamos al 27 y la plata no está, ¿qué va a pasar en enero?”, planteó.

EL DESAFÍO DE GARANTIZAR DERECHOS

Finalmente, Toledo sostuvo que el debate legislativo debe ir más allá de la denominación de la normativa y concentrarse en garantizar que los derechos reconocidos puedan ejercerse efectivamente.

En ese sentido, consideró necesario avanzar hacia políticas que no solamente permitan sostener las prestaciones actuales, sino que también reduzcan las desigualdades territoriales y mejoren las condiciones de acceso al sistema.

La referente reconoció que el proyecto recupera conquistas alcanzadas durante los reclamos por la emergencia en discapacidad, pero insistió en que su eventual aprobación no significará el final de las dificultades que atraviesa el sector.

De esta manera, el tratamiento previsto en el Senado representa una instancia importante para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, quienes continúan reclamando respuestas concretas en materia de financiamiento, accesibilidad y continuidad de los servicios.