revista para las 9:30 y comenzará con una intervención de la querella, que responderá al planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa respecto de la eventual aplicación de agravantes penales.

LOS CARGOS QUE ENFRENTA EL ACUSADO

Barrientos se encuentra imputado por homicidio agravado, bajo una acusación que contempla distintas circunstancias vinculadas con la gravedad del ataque.

Entre los agravantes señalados figuran el odio hacia la orientación sexual de las víctimas, la violencia de género, la alevosía y la utilización de un procedimiento capaz de generar peligro común.

La acusación comprende tres homicidios consumados y un cuarto hecho en grado de tentativa, correspondiente a Sofía Castro Riglos, quien logró sobrevivir.

El fallo podría convertirse en un antecedente significativo para la Justicia argentina si el tribunal reconoce el agravante de odio por orientación sexual en los términos planteados por la acusación.

EL DEBATE SOBRE LA PRISIÓN PERPETUA Y LOS AGRAVANTES

Uno de los aspectos que deberá abordar el tribunal está relacionado con el cuestionamiento constitucional presentado por la defensa.

La discusión gira en torno a las restricciones previstas por la Ley 27.375, sancionada en 2017, que establece limitaciones para acceder a determinados beneficios penitenciarios en casos de condenas por delitos especialmente graves.

Entre esas restricciones se encuentra la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para personas condenadas por determinados delitos agravados contemplados en el artículo 80 del Código Penal.

La defensa cuestionó la constitucionalidad de estas disposiciones ante la posibilidad de que sean aplicadas en una eventual sentencia condenatoria.

LA QUERELLA DEFENDIÓ LA VALIDEZ DE LAS RESTRICCIONES

La abogada Samanta Pedrozo, representante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) en la querella, anticipó que rechazará los argumentos presentados por la defensa.

En declaraciones al canal C5N, la letrada sostuvo que existen antecedentes judiciales que respaldan la constitucionalidad de las limitaciones establecidas para acceder a beneficios penitenciarios.

También se refirió a la edad del acusado, quien tiene 70 años, y consideró que esa circunstancia no debería impedir la aplicación de la pena que eventualmente determine el tribunal.

Pedrozo insistió en la necesidad de que el caso sea juzgado conforme a la gravedad de los hechos y a las disposiciones legales vigentes.

UNA SENTENCIA DE GRAN RELEVANCIA JUDICIAL

El pronunciamiento será seguido con especial atención por organizaciones de derechos humanos y colectivos de diversidad sexual, debido a la posibilidad de que se reconozca judicialmente el componente de odio hacia la orientación sexual de las víctimas.

Tras seis meses de juicio, la resolución determinará si Barrientos es declarado culpable y, en ese caso, qué pena le corresponde cumplir.

La decisión también permitirá conocer el criterio del tribunal respecto de los agravantes solicitados por la acusación y los planteos constitucionales formulados por la defensa.