TRABAJADORES PROTESTAN CONTRA LOS DESPIDOS Y LA INTERVENCIÓN DEL INTA

La situación en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es cada vez más crítica y sus trabajadores se movilizan a la sede central para protestar por la intervención del organismo y los despidos. Desde el Gobierno nacional anunciaron un “plan de modernización” que incluye la venta de edificios, tierras y la baja de contratos.

En el mes de abril, el la administración que conduce Javier Milei decidió eliminar el Programa ProHuerta, tras 34 años de funcionamiento, por la falta de designación de funcionarios por parte del Ministerio de Capital Humano. La iniciativa tenía como objetivo promover la Seguridad y Soberanía Alimentaria mediante el apoyo a la producción agroecológica y el acceso a alimentos saludables. Este cierre afectó a más de 630.000 huertas y 130.000 granjas que proporcionaban un servicio nutricional a millones de personas.

En marzo, también Manuel Adorni, el vocero presidencial, anunció que “el Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar“, que brindaban un asesoramiento social y productivo a familias y pequeños productores.

Sumado a esto, alrededor de 50 técnicos del INTA recibieron en octubre la noticia de que no les renovarían a partir de octubre el contrato tras 30 años de servicio. También renunció el presidente del INTA, Juan Cruz Molina, y fue reemplazado por María Beatriz “Pilu” Giraudo y Nicolás Bronzovich.

Para retratar la situación, C5N dialogó con Jose Luis Perea, delegado ATE INTA, y con la investigadora Mariana Conte, genetista miembro del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVYA). El INTA es un organismo público con 70 años de recorrido que reúne a investigadores, técnicos, profesionales, veterinarios, biólogos, ingenieros agrónomos, y, con el correr de los años desarrolló a nivel nacional e internacional una gran cantidad de herramientas y recursos para que el modelo agroexportador pueda pegar un salto tecnológico.

“La situación del instituto es muy difícil, estamos viviendo las horas más complicadas y hemos rearmado toda una estrategia nosotros desde ATE aquí, fundamentalmente en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias acá de Castelar”, expresó Perea.

En varias asambleas, Perea aseguró que “la unidad de acción, todos para uno y uno para todos es la solidaridad, la verdadera y la auténtica alerta y movilización”.

Los trabajadores advierten, frente al plan que lleva adelante el Ejecutivo, que, según describen, “no se va a llevar solamente puesto a los trabajadores, sino que es el desguace brutal de tierras, de patrimonio activo, de edificio y todo lo demás que va a derivar en un achicamiento feroz, un desguace mayor”.

El trabajo dentro del INTA

Mariana Conte trabaja en el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVYA), el más grande del país, en el que se desempeñan aproximadamente 600 personas. En particular, junto a otros investigadores trabajan con cítricos y prueba productos biotecnológicos.

Dentro del Instituto hay 26 grupos de investigación, que tienen todo tipo de temática, desde “lo que llamamos el área roja, relacionado con bacterias y virus zoonóticas. Áreas verdes, que son los que trabajan con plantas y enfermedades de distintas especies”. También grupos de bioenergía con investigación en energía renovables y nuevas tecnologías.

La investigadora afirmó que hasta el momento ocurrieron “un poco más de 300 retiros voluntarios y de jubilables”. La propuesta ahora es la revisión de 330 becas de otros contratos y la “no renovación de 227 de la planta no permanente, que son los que ingresaron el año pasado”.

A su vez, Conte y Perea advirtieron que esto es el inicio y que va a empeorar con el correr del tiempo mediante un relevamiento sobre las agencias de extensión del organismo, en el caso de que “ellos evalúan que no llegan para nada o que no tienen gran impacto económico, se puede venir su cierre por completo. Y eso es pase a disponibilidad de todo el personal”, aclaró Mariana.

Este panorama significa que “si algunos proyectos de investigación no les interesa más, por ejemplo, biodiversidad, cambio climático y esas cosas, pueden decir, ‘bueno, todos los profesionales y todos los técnicos de apoyo que están bajo ese proyecto de investigación que dan pasan la disponibilidad porque su puesto de trabajo, su función ya no está dentro de la cartera de proyectos, ya no está dentro de la misión‘”.

En sintonía con la hipótesis de Conte, Manuel Adorni anunció la venta de 84 campos experimentales y chacras productivas mediante la mediación de la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado (ANABE), que suponen al menos 27 hectáreas. El edificio del INTA ubicado en Palermo, en Cerviño y Ortiz de Ocampo, es uno de los primeros espacios que se prevé sea rematado para fines de diciembre, el cual está todavía activo y trabajan 140 personas.

“Ojalá que los directivos opten por aprobar estas medidas que le van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones. Confiamos en que efectivamente su consejo directivo está a favor de un INTA que funcione para los fines que fue pensado y no para lo que se lo ha utilizado últimamente“, indicó el vocero.

El plan de Modernización del Gobierno del INTA

“El plan de modernización incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas, como el inmueble ubicado en Palermo, valuado en 6 millones de dólares como precio base, que cuenta con más de 3.100 metros cuadrados de superficie cubierta para 140 empleados. Lo recaudado por la venta de este edificio quedará en manos del INTA y será destinado lo que debe financiar, que son investigaciones. De las 116 mil hectáreas que tienen, solo 45 mil de ellas se usan para experimentación con fines productivos. Como parte de este plan de modernización también se van a dar de baja los 227 ingresos que se hicieron el año pasado y que deberían haberse suspendido en enero”, explicó Manuel Adorni.

Relacionado contra el ajuste y recorte en el INTA, varios expresidentes emitieron un comunicado en el cual rechazan este proyecto: “El INTA es una entidad autárquica, con recursos y patrimonio propio, donde el órgano soberano es su Consejo Directivo. No es un subordinado de nadie, y mucho menos un instrumento para liquidar el patrimonio histórico que custodian las entidades de productores“, expresaron.

También llamaron a prestar atención ante la incertidumbre que rodea al instituto y llamaron a no permitir “este atropello denigrante para con una de las instituciones más prestigiadas de América Latina y del mundo. El INTA es el motor de la innovación agropecuaria, y como tal, debe ser defendido y fortalecido, no debilitado”.