Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, principales directivos de la droguería Suizo Argentina, se presentaron ante la Justicia en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos optaron por no responder preguntas durante las indagatorias y entregaron escritos en los que rechazaron las imputaciones en su contra.

Los empresarios están investigados por su presunta participación en una asociación ilícita, defraudación contra la Administración Pública y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa busca determinar cómo funcionaba un supuesto esquema de direccionamiento de compras de medicamentos e insumos de alto costo destinados a beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.

En su presentación, Jonathan Kovalivker, presidente de la compañía, negó haber integrado o conducido una organización delictiva y rechazó cualquier participación en maniobras fraudulentas contra el Estado. Por su parte, Emmanuel, quien se desempeñó como vicepresidente hasta noviembre de 2025, aseguró que no intervino en las operaciones comerciales con la ANDIS y cuestionó que se le atribuya responsabilidad penal sin identificar decisiones concretas de su parte.

Ambos también pusieron en duda el origen y la validez de las pruebas utilizadas para avanzar con la investigación. En particular, la defensa de Jonathan solicitó la nulidad del dictamen del fiscal Franco Picardi y de la resolución judicial que habilitó allanamientos, requisas de dispositivos y el levantamiento de los secretos bancario y fiscal. Además, cuestionó la utilización de audios que calificó como de origen ilícito y clandestino, y señaló posibles manipulaciones o ediciones del material.

Como parte de su descargo, Emmanuel destacó la trayectoria centenaria de Suizo Argentina, sus cerca de 2.000 empleados y la presencia de centros de distribución en distintas provincias. También mencionó que la empresa cuenta con un Programa de Integridad implementado desde 2018, en el marco de la Ley 27.401 de responsabilidad penal empresaria.

LA HIPÓTESIS DE LA FISCALÍA

La investigación, impulsada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), sostiene que habría existido un mecanismo de influencia de la droguería sobre las contrataciones de la ANDIS.

Según la acusación, Suizo Argentina habría recibido información anticipada sobre las compras, intervenido en la determinación de precios y tenido influencia en las adjudicaciones y en la selección de proveedores.

El dictamen fiscal le atribuye a la compañía adjudicaciones por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Para los investigadores, las operaciones habrían estado condicionadas por presuntos sobreprecios y acuerdos entre empresas destinados a simular una competencia que, en realidad, no habría existido.

La pesquisa también señala a Droguería Génesis como una presunta intermediaria para canalizar operaciones y apunta a posibles acuerdos entre distintas firmas para coordinar ofertas y distribuirse las adjudicaciones.

En cuanto a las responsabilidades individuales, Jonathan Kovalivker está señalado como presunto jefe de la asociación ilícita, mientras que a su hermano Emmanuel se le atribuye haber formado parte de la organización. Ambos enfrentan, además, imputaciones vinculadas con presuntas maniobras contra la administración pública.

La fiscalía sostiene que las operaciones habrían requerido una planificación coordinada entre directivos de la droguería y funcionarios de la ANDIS. Las defensas, en cambio, rechazan esa interpretación y buscan cuestionar tanto la participación de los empresarios como la validez de las pruebas reunidas en el expediente.

La investigación continúa y será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.