Las querellas coincidieron en que el juez Gustavo Lleral incumplió la orden de profundizar la investigación.
Las querellas y la fiscal general Verónica Escribano solicitaron este miércoles en la audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el apartamiento del juez Gustavo Lleral, quien había resuelto el cierre de la causa por “desaparición forzada” de Santiago Maldonado, a tiempo que solicitaron la reapertura de misma.
Las cinco querellas de la causa coincidieron en que el juez Lleral incumplió con lo dictado por las instancias superiores que le ordenaron profundizar la investigación y señalaron que el propio magistrado en más de una oportunidad manifestó su deseo de apartarse, por tener una postura tomada.
La audiencia fue encabezada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, quien cedió la palabra en primer término a Nicolás Tauber Sanz, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
El abogado de la AEDD sostuvo que “el juez Lleral decidió desoír a esta Cámara que el 5 de septiembre del 2019, al revocar el primer sobreseimiento, le ordenó proceder para la dilucidación de los hechos, igual que la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó profundizar la investigación”.
“Sin embargo en estos 4 años y medio no se avanzó y los únicos movimientos que tuvo la causa fueron para cerrarla, sin producir una sola prueba, y con un criterio insólito dispuso el archivo”, agregó.
También cuestionó que el archivo de la causa y el apartamiento de los gendarmes investigados fue una “ofrenda política para la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich, a dos días de las elecciones en las que participaba como candidata”, en referencia a las PASO de 2023.
En la misma línea argumentó la abogada Verónica Heredia, quien representa a la familia de la víctima, indicando que “el archivo de la causa fue como un favor político para quien actualmente es ministra, estaba como candidata y fue ministra de seguridad cuando ocurrieron los hechos”. Además cuestionó que no se tuvieron en cuenta pericias que podrían haber sido claves para dilucidar lo que pasó.
A su turno el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, Pablo Lachener, cuestionó el sobreseimiento de los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila y Marcelo Ferreyra, porque Maldonado “de ninguna manera murió por circunstancias fortuitas y azarosas”.
Para el abogado del CELS “la resolución de Lleral de archivar la causa por inexistencia de delito es calcada, foja por foja, a una anterior del mismo juez” a quien cuestionó por la falta de interés en la investigación.