El expresidente no sólo tiene que afrontar la causa por violencia por la que fue denunciado por su exesposa. El juez Casanello lo citó para ampliar su declaración indagatoria. Debe decidir si lo procesa o no en la causa de los seguros.
El expresidente Alberto Fernández suma complicaciones con la Justicia, más allá de la causa abierta por la violencia doméstica en una demanda realizada por su exmujer, Fabiola Yáñez. Deberá presentarse nuevamente en los tribunales para una declaración indagatoria. Fue citado por el juez Sebastián Casanello en la causa por presuntas irregularidades con los seguros.
En rigor, esta nueva declaración fue solicitada por el propio Alberto Fernández. Es para tener la oportunidad de aportar más datos en ese expediente judicial. La declaración indagatoria es una herramienta muy importante como elemento de defensa para cualquier acusado. Por eso, el exmandatario hizo este pedido. El juez Casanello debe definir en poco tiempo más si procesa al expresidente en esta causa.
La fórmula presidencial que gobernó la Argentina entre 2019 y 2023 tiene varios problemas con la Justicia. Cristina Fernández de Kirchner, su vicepresidenta, acaba de ser condenada a seis años de prisión (domiciliaria) en la Causa Vialidad y tiene varios procesos judiciales pendientes. Alberto Fernández, por su parte, tiene dos causas abiertas en su contra.
Declaración indagatoria de Alberto Fernández
El expresidente está acusado por la comisión de un posible delito con la contratación obligatoria de una empresa de seguros para dependencias oficiales. A Alberto Fernández se lo acusa de haber impulsado y firmado un decreto (el DNU 823/2021) que eliminó la competencia y habría permitido un esquema de corrupción en contrataciones de seguros, lo que habría generado beneficios millonarios para intermediarios (amigos y allegados).
En febrero de 2024, la justicia inició una investigación sobre un decreto de fines de 2021 que direccionó contratos estatales hacia intermediarios. Solo dos meses más tarde, abril de 2024, el juez Ercolini ordenó congelar sus bienes y levantar el secreto fiscal y bancario.
El decreto eliminó la posibilidad de licitaciones públicas, lo que habría permitido direccionar los contratos hacia intermediarios específicos – brokers – que luego cobraron comisiones elevadas.
Del entrecruzamiento de llamadas saltó a la luz que Alberto Fernández realizó al menos 17 llamadas entre 2019 y 2024 a Martínez Sosa, según pericias de Policía Federal. Un dato al margen: de esos registros de llamados, se supo la situación potencial de violencia doméstica y de género entre el entonces presidente y su esposa, Fabiola Yañez. El juez preservó esos mensajes y los envió a otro juzgado por el posible delito de violencia de género. Fabiola, inicialmente, no se mostró dispuesta a accionar judicialmente, pero luego cambió de opinión y promovió la causa que fue noticia en el mundo entero.
Con el resto del cuerpo de los llamados telefónicos disponibles, el juez Ercolini encontró elementos para profundizar en la causa de los seguros. Otro de los aportes importantes para esta causa fue el informe Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos): En mayo de 2025, elevó un informe de 600 páginas que vincula a posibles testaferros con la maniobra que obligaba a todas las dependencias públicas de tener que contratar con una sola compañía aseguradora.