El propietario de la lomitería Lomo Khai, José Agustín Khairallah, y Cristian Barrón Palazzi, señalado por la Fiscalía como responsable de la administración financiera del negocio y empleado del Banco Francés, permanecerán detenidos durante 10 días más en el marco de una investigación por una presunta estafa que habría perjudicado a la firma Mercon SRL por aproximadamente $170 millones.

La resolución fue dictada por el juez de Control y Garantías, Raúl Rodolfo Améstegui, quien aceptó el planteo de la fiscal Celia Mussi para prolongar la medida de coerción. Las defensas habían solicitado la liberación de ambos imputados y argumentado que poseen vínculos familiares y laborales que garantizan su permanencia a disposición de la Justicia.

En representación de Barrón Palazzi, además, se propuso una garantía económica mediante un Toyota Corolla modelo 2024, cuyo valor oficial rondaría los $37 millones, junto con otras garantías personales. Sin embargo, la Fiscalía consideró que todavía existen diligencias importantes por realizar y que la liberación podría poner en riesgo el desarrollo de la investigación.

La causa intenta esclarecer una serie de operaciones comerciales efectuadas entre noviembre de 2025 y julio de 2026. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Khairallah habría obtenido equipamiento gastronómico a través de 53 cheques de pago diferido que luego fueron rechazados. La empresa denunciante calcula que el perjuicio económico alcanza los $170 millones.

Por su parte, Barrón Palazzi es investigado por su presunta participación en el manejo financiero del comercio. La Justicia deberá determinar qué responsabilidad le corresponde a cada uno en las operaciones cuestionadas. Hasta el momento, ambos mantienen su condición de imputados y no existe una condena en su contra.

LAS MEDIDAS QUE FALTAN

Entre las diligencias pendientes se encuentran la declaración del gerente del Banco Francés, la incorporación de documentación bancaria y el análisis de elementos secuestrados durante los procedimientos. También se prevé examinar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para reconstruir los movimientos del dinero y establecer si hubo otras operaciones vinculadas con la denuncia.

La representación legal de Mercon SRL respaldó el pedido de la Fiscalía y expuso las consecuencias económicas que los presuntos incumplimientos comerciales habrían ocasionado a la firma.

Finalmente, el magistrado dispuso que ambos acusados continúen privados de la libertad por otros 10 días, a partir del miércoles 28 de octubre, mientras avanzan las medidas destinadas a determinar cómo se desarrollaron las operaciones investigadas.