La Justicia federal avanza en una investigación por un presunto esquema de explotación sexual en entornos digitales, que tiene como principal acusado a un joven de 30 años, de apellido Núñez, detenido días atrás en Rosario, Santa Fe. El expediente busca determinar la magnitud de las maniobras y la cantidad total de víctimas, que incluirían jóvenes de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
De acuerdo a la causa, el sospechoso habría utilizado redes sociales —principalmente Instagram— para contactar a mujeres mediante perfiles como “ArgentinaCasting” y “GianCasting”. A través de estas cuentas, ofrecía dinero a cambio de la producción de contenido íntimo, bajo condiciones que resultaban clave para obtener el consentimiento.
Entre las promesas, se indicaba que el material sería monetizado y difundido únicamente en el exterior, sin circulación en el país. Sin embargo, la investigación sostiene que, tras concretar los encuentros, los videos eran publicados en plataformas abiertas, sin restricciones geográficas, lo que facilitaba su rápida viralización incluso en los entornos cercanos de las víctimas.
Según consta en el expediente, las grabaciones se realizaban en hoteles o departamentos alquilados en distintas provincias. En esos espacios, el acusado filmaba el contenido y hacía firmar a las jóvenes documentos en los que cedían sus derechos de imagen de manera irrevocable.
El caso, que está en manos de la Justicia federal de Rosario, ya cuenta con imputación formal por presunta explotación sexual digital y el acusado permanece con prisión preventiva.
En tanto, el testimonio de las últimas víctimas —entre ellas dos jóvenes santiagueñas— fue determinante para ampliar la acusación. En Cámara Gesell, relataron que fueron engañadas y que el material terminó circulando tanto en el extranjero como en plataformas accesibles en el país, generando graves consecuencias emocionales y psicológicas.
Para la fiscalía, no se trata de hechos aislados, sino de un mecanismo organizado y sostenido en el tiempo, con alcance en varias provincias. El modelo implicaba un pago único a las víctimas, mientras el contenido continuaba generando ingresos de forma indefinida.
La acusación encuadra el caso como una posible modalidad de trata de personas adaptada al ámbito digital, delito que prevé penas de entre 8 y 12 años de prisión.
