La distribuidora EJESA, que presta servicios en Jujuy, enfrenta una denuncia ante la Justicia Federal por supuestas irregularidades tributarias en la facturación de energía eléctrica. El caso se suma a los reclamos de usuarios y cuestionamientos contra otras empresas vinculadas al grupo empresario en distintas provincias.

El grupo empresarial encabezado por Juan y Patricio Neuss enfrenta una nueva controversia judicial vinculada con sus actividades en el sector energético. En esta oportunidad, la empresa jujeña EJESA fue denunciada por una presunta evasión de impuestos que, según las estimaciones presentadas, superaría los 6.600 millones de pesos en un año.

La distribuidora forma parte de Edison Energía, compañía que desde 2025 también controla EDET en Tucumán. Ambas empresas han recibido cuestionamientos por parte de usuarios y organizaciones sociales relacionados con la facturación, la calidad del servicio y el cumplimiento de sus obligaciones.

LA DENUNCIA CONTRA EJESA EN JUJUY

La presentación fue impulsada por el ingeniero Hugo Farfán, quien inicialmente acudió ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para denunciar presuntas irregularidades en el sistema de facturación de la distribuidora.

Según explicó el denunciante al medio Ámbito, luego de transcurridos más de 120 días sin una resolución, decidió trasladar el caso a la Justicia Federal de Jujuy.

La acusación apunta principalmente a una supuesta evasión agravada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vinculada con el Sistema Aislado Provincial (SAP), utilizado para abastecer de electricidad a determinadas zonas de la provincia.

De acuerdo con la presentación, las maniobras denunciadas habrían afectado a unos 120 mil usuarios, para quienes también se reclama una compensación económica.

CÓMO HABRÍA FUNCIONADO EL MECANISMO DENUNCIADO

La documentación presentada ante la Justicia describe tres presuntas irregularidades en la facturación del servicio eléctrico.

En primer lugar, se cuestiona el tratamiento tributario aplicado a los usuarios residenciales. Según la denuncia, determinados importes habrían sido incluidos bajo el concepto de Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), sin declarar correctamente la actividad vinculada con la generación aislada de electricidad.

El segundo punto involucra a comercios e industrias. La acusación sostiene que la empresa habría incorporado importes correspondientes al IVA dentro de las tarifas cobradas, sin registrarlos ni ingresarlos posteriormente al organismo recaudador. Solo por este concepto, el monto estimado supera los 2.800 millones de pesos.

Finalmente, se investigan supuestos cobros relacionados con impuestos sobre combustibles que, de acuerdo con el denunciante, no habrían sido efectivamente adquiridos ni utilizados para producir energía. Esta última irregularidad representaría más de 220 millones de pesos.

La suma de los conceptos denunciados supera los 6.600 millones de pesos en un período aproximado de un año, aunque el monto definitivo deberá establecerse a partir de las investigaciones correspondientes.

CRECEN LOS RECLAMOS DE LOS USUARIOS

Mientras avanza la controversia judicial, distintas organizaciones de Jujuy intensificaron sus reclamos por el impacto económico de las tarifas eléctricas.

La organización Mujeres Municipales presentó ante la Legislatura provincial un petitorio respaldado por más de 11 mil firmas, mediante el cual solicita medidas para aliviar la situación de las familias afectadas por los costos del servicio.

Entre los pedidos también figura el tratamiento de una posible revocación del contrato de concesión de EJESA.

Por su parte, el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (CODECUC) solicitó intervenir como querellante en la causa.

Su titular, Alejandro Mur, informó que la organización había presentado una medida cautelar para impedir los cortes de suministro a usuarios en situación de vulnerabilidad, aunque la solicitud fue rechazada por la Cámara en lo Civil y Comercial.

A estos cuestionamientos se suman sanciones impuestas a la distribuidora por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), relacionadas con distintos incumplimientos.

CUESTIONAMIENTOS AL GRUPO NEUSS EN TUCUMÁN

La situación de Jujuy también encuentra repercusiones en Tucumán, donde el mismo grupo empresario controla la distribuidora EDET.

En esa provincia se registraron protestas y críticas vinculadas con la prestación del servicio eléctrico y el funcionamiento de la concesionaria.

Además, surgieron cuestionamientos por la posible postergación hasta 2027 de una licitación relacionada con la participación accionaria de EDET, procedimiento que inicialmente estaba previsto para este año.

La eventual modificación del cronograma generó controversias políticas y pedidos de explicaciones sobre la continuidad de la empresa en la prestación del servicio.

Por el momento, según la información publicada por Ámbito, EJESA no había emitido una respuesta pública sobre las acusaciones formuladas por Farfán.

La denuncia se encuentra en el ámbito judicial y las irregularidades señaladas deberán ser investigadas para determinar si existieron delitos tributarios y eventuales responsabilidades.