La Cámara de Senadores otorgó media sanción al proyecto que modifica la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención. Ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para continuar su recorrido legislativo.

La propuesta introduce modificaciones en aspectos centrales del sistema de atención, entre ellos los criterios para disponer internaciones involuntarias, el abordaje de los consumos problemáticos y la organización de los servicios de salud mental.

El texto llegó al recinto con un dictamen de mayoría respaldado por el PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Sin embargo, algunos legisladores firmaron en disidencia al advertir que la iniciativa no establecía con claridad las partidas presupuestarias necesarias para garantizar su implementación.

La votación se produjo al cierre de una extensa sesión que había comenzado el jueves a las 14. Durante el debate también se aprobaron otras iniciativas, como el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un marco normativo para el mercado del carbono, una invitación al papa León XIV para que se dirija al Congreso y la convocatoria al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para presentar su informe de gestión.

QUÉ MODIFICACIONES PROPONE LA REFORMA

Uno de los puntos centrales está relacionado con las internaciones. El proyecto establece que las voluntarias deberán ser notificadas a la Justicia, cuyos magistrados podrán solicitar informes, ordenar peritajes e incluso disponer que se deje sin efecto la medida.

Además, establece que una internación que supere los 180 días, ya sea de manera continua o acumulada durante un período de dos años, será considerada prolongada.

En cuanto a las internaciones involuntarias, la iniciativa reemplaza el criterio de «riesgo cierto e inminente para sí o para terceros» por el de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros».

Para determinar esa situación, la evaluación no deberá limitarse al estado de la persona al momento de la consulta, sino que también podrá contemplar antecedentes de conductas o ideas vinculadas con posibles daños y las consecuencias de no iniciar un tratamiento.

La propuesta mantiene la prohibición de los manicomios y contempla la continuidad de los tratamientos ambulatorios y comunitarios. También incorpora la ludopatía dentro de las adicciones y habilita las teleconsultas con profesionales de psiquiatría.

Otro aspecto debatido fue quiénes podrán intervenir en la decisión de una internación. La nueva redacción establece que deberá contar con la firma de un médico, preferentemente especialista en psiquiatría, o de un profesional con formación en salud mental. También prevé una segunda firma, con participación de psicólogos en la evaluación y el alta.

Por último, el proyecto incorpora las directivas anticipadas, una herramienta que permitirá a las personas dejar establecido previamente qué tratamientos aceptan o rechazan y designar a alguien para expresar su voluntad cuando no puedan hacerlo por sí mismas.

Estas disposiciones deberán ser consideradas por el equipo interdisciplinario, aunque se contemplan excepciones cuando las decisiones impliquen un riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

Con la media sanción del Senado, la reforma quedó ahora en manos de Diputados, donde continuará el debate sobre los cambios propuestos al sistema de salud mental.