El Gobierno nacional prepara una nueva reunión con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para avanzar en el diálogo sobre la situación de las personas con discapacidad, mientras busca llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados durante la semana del 20 de octubre.

El encuentro con la Iglesia se produciría aproximadamente dos semanas después de la primera reunión mantenida en el Ministerio de Salud. Desde Nación no descartan que participen el ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular del área de Discapacidad, Pablo Di Liscia, en una instancia que podría adquirir mayor relevancia política por su cercanía con el tratamiento legislativo.

En el oficialismo aseguran que las diferencias que existían entre distintas áreas del Gobierno comenzaron a quedar encauzadas y sostienen que están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, todavía resta definir la redacción definitiva del proyecto y no se confirmó si el texto llegará al recinto exactamente en los mismos términos del dictamen aprobado en septiembre.

La primera reunión con la Iglesia contó con funcionarios del Ministerio de Salud y representantes de la CEA. Durante ese encuentro, la institución religiosa presentó un documento con distintos reclamos y propuestas vinculados con el sistema de discapacidad y planteó la necesidad de ampliar la representación oficial en la próxima instancia de diálogo.

Entre las principales preocupaciones expresadas por la Iglesia figuran la continuidad de la emergencia en discapacidad, la actualización de los aranceles, la situación económica de los prestadores y las demoras relacionadas con el otorgamiento de pensiones. También solicitó revisar determinados aspectos del Presupuesto 2027 que impactan sobre el sector.

Otro de los reclamos apunta a la compensación por el atraso acumulado durante 2023 y 2024. La CEA planteó además que cualquier transición hacia un régimen permanente debe garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar períodos en los que queden afectados derechos ya reconocidos.

EL PROYECTO QUE DISCUTIRÁ DIPUTADOS

El oficialismo consiguió el 23 de septiembre 42 firmas para un dictamen de mayoría, aunque cuatro fueron en disidencia. La propuesta busca reemplazar la emergencia vigente, cuyo vencimiento está previsto para fin de año, por un esquema de carácter permanente.

En paralelo, la oposición reunió 36 firmas para impulsar la continuidad del régimen actual.

La iniciativa oficial contempla la continuidad de las pensiones no contributivas y de la cobertura sanitaria, además de la compatibilidad con determinados ingresos laborales. También establece la universalidad del nomenclador, con aranceles homogéneos, junto con mecanismos de actualización y distintas obligaciones relacionadas con las prestaciones.

El contenido del proyecto había generado diferencias dentro de la propia administración nacional, principalmente por su impacto fiscal, las obligaciones de carácter permanente y el margen de maniobra que conservaría el Poder Ejecutivo para administrar el sistema.

Por ese motivo, funcionarios de distintas áreas mantuvieron reuniones para ordenar las posiciones internas. Participaron, entre otros, Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy.

Desde la conducción parlamentaria aseguran ahora que las distintas áreas lograron acercar posiciones, aunque todavía quedan aspectos por terminar de definir antes de que el proyecto sea llevado al recinto.

De esta manera, la semana del 20 de octubre aparece como un período clave para el Gobierno, que deberá avanzar simultáneamente en tres objetivos: cerrar el texto definitivo de la iniciativa, reunir los votos necesarios en Diputados y continuar el diálogo con la Iglesia sobre los puntos que todavía generan cuestionamientos.