La docente e historiadora Fernanda Gil Lozano analizó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional y advirtió que el debate no debería limitarse a las cifras económicas, sino que debe contemplar las prioridades que establece el Estado y el impacto de esas decisiones en la sociedad.

En ese sentido, sostuvo que el presupuesto es “una de las principales decisiones políticas que toma un gobierno”, porque detrás de cada número existe una definición concreta sobre en qué decide gastar el Estado y en qué no.

“El presupuesto es mucho más que un número”, remarcó Gil Lozano, quien explicó que la denominada “ley de leyes” fue presentada por el Gobierno nacional el 15 de septiembre y ahora comenzará su tratamiento en el Congreso.

LAS PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA 2027

La historiadora señaló que el proyecto contempla determinadas previsiones para el próximo año: una inflación anual del 18%, un crecimiento de la economía del 4%, un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%. Además, se proyectan exportaciones por alrededor de 133.000 millones de dólares.

Sin embargo, aclaró que una cosa son las previsiones incluidas en el proyecto y otra lo que finalmente ocurra.

“Las proyecciones de un presupuesto no son una fotografía del futuro, sino los deseos, las hipótesis de lo que un gobierno desea que exista”, explicó.

Por eso, consideró que el debate no debería concentrarse únicamente en determinar si las metas de inflación o crecimiento son posibles, sino en analizar qué prioridades establece el presupuesto.

“CADA DECISIÓN PRESUPUESTARIA IMPLICA ELEGIR”

Gil Lozano planteó que, frente a recursos estatales limitados, cada decisión presupuestaria implica realizar elecciones sobre las áreas que recibirán financiamiento.

En ese marco, mencionó la educación, la salud, las jubilaciones, la ciencia y la tecnología, la infraestructura, la seguridad y defensa, la asistencia social y los recursos destinados a las provincias.

“Por eso el debate presupuestario, en el fondo, es un debate sobre qué tipo de Estado queremos tener”, sostuvo.

La docente e historiadora también se refirió al principio de equilibrio fiscal que el Gobierno de Javier Milei plantea como uno de los pilares de su programa económico.

Desde la perspectiva oficialista, explicó, mantener el superávit constituye una condición fundamental para ordenar las cuentas públicas y evitar el déficit.

Pero, al mismo tiempo, señaló que existe otra cuestión que forma parte del debate: qué consecuencias sociales tiene alcanzar ese equilibrio y cómo se distribuyen los costos y los beneficios.

EL IMPACTO SOBRE JUBILADOS, FAMILIAS, ESTUDIANTES Y PROVINCIAS

“​El equilibrio fiscal puede medirse en una planilla, pero detrás de esa planilla tenemos personas concretas”, afirmó Gil Lozano.

En ese sentido, enumeró distintos sectores y necesidades que pueden quedar alcanzados por las decisiones presupuestarias: jubilados, familias que necesitan prestaciones sociales, estudiantes que concurren a universidades públicas, hospitales que requieren insumos y provincias que necesitan recursos para sostener servicios.

También planteó la necesidad de analizar las inversiones públicas y su impacto sobre la economía.

“La pregunta política es: ¿en qué se financia? ¿Con qué recursos? ¿Quién paga y quién recibe?”, expresó.

EL PAPEL DEL CONGRESO Y LOS GOBERNADORES

Otro de los aspectos destacados por Gil Lozano fue el papel que tendrá el Congreso durante el tratamiento del proyecto.

Recordó que el presupuesto no constituye únicamente una decisión del Poder Ejecutivo, sino que se trata de un proyecto de ley que deberá ser discutido y aprobado por el Congreso.

En ese proceso, señaló, aparecen la negociación, los acuerdos, las diferencias y la representación de distintos intereses.

Los gobernadores también tendrán un papel relevante, debido a que las provincias necesitan recursos para sostener áreas como educación, salud, seguridad e infraestructura.

“La relación financiera entre Nación y provincias es, desde hace mucho tiempo, un centro de discusión de conflictos dentro del federalismo argentino”, explicó.

Para la historiadora, el Presupuesto 2027 podría convertirse así en una discusión mucho más amplia que la distribución de recursos entre ministerios.

“Puede ser una discusión sobre qué relación quiere construir el gobierno con las provincias y también sobre qué lugar está ocupando el Estado nacional en la economía y en la vida social”, afirmó.

DEFENSA E INDUSTRIA NAVAL

Gil Lozano también destacó que el proyecto contempla prioridades vinculadas con la defensa y mencionó, entre ellas, iniciativas relacionadas con el desarrollo de la industria naval.

En ese sentido, señaló que el presupuesto no solamente expresa decisiones económicas y sociales internas, sino que también puede reflejar prioridades estratégicas del Estado.

“UN PRESUPUESTO TAMBIÉN NOS DICE QUÉ CONSIDERA PRIORITARIO UN GOBIERNO”

Finalmente, la docente e historiadora pidió ampliar la mirada sobre el debate presupuestario y no quedarse únicamente con indicadores como la inflación, el dólar o el porcentaje de crecimiento económico.

“Hay que mirar un poquito más allá, porque un presupuesto también nos dice qué considera prioritario un gobierno”, sostuvo.

A partir de allí, planteó interrogantes sobre el rol que debe ocupar el Estado y sobre los límites entre la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social.

“¿Qué Estado queremos? ¿Un Estado más pequeño, concentrado en determinadas funciones y ya? ¿Dónde está el límite entre la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social?”, preguntó.

También advirtió sobre la necesidad de analizar cómo se distribuyen los costos de las decisiones económicas y si el equilibrio fiscal puede implicar un traslado de esos costos hacia sectores con menor capacidad para afrontar una crisis.

Para Gil Lozano, no existen respuestas técnicas únicas para esas cuestiones, porque se trata de decisiones políticas que involucran al conjunto de la sociedad.

“Un presupuesto no habla solamente de pesos, dólares, déficit. Habla de prioridades, habla de quiénes reciben recursos públicos, habla de qué servicios se sostienen, habla de qué inversiones se pueden considerar necesarias o no, habla de qué papel se le va a asignar a nuestro Estado y, en definitiva, de hacer una determinada idea de país”, concluyó.

Y dejó una última pregunta como eje del debate: “¿Para qué queremos que esté el Estado y cuáles son las prioridades que estamos dispuestos como sociedad a financiar?”

En definitiva, planteó que el Presupuesto 2027 no debe ser entendido solamente como una cuenta, sino como una decisión política expresada en números.