La médica santiagueña Lourdes Sal recurrió a la Justicia tras denunciar una serie de episodios de amenazas y hostigamiento mediante redes sociales. Su abogado, Javier Leiva, realizó una presentación ante la Fiscalía de Fernanda Vittar y pidió que se identifique a los responsables, se preserve la evidencia digital y se dispongan medidas de protección para la profesional.
Según consta en la denuncia, Sal habría advertido distintas publicaciones realizadas en Facebook, especialmente dentro del grupo “Santiago del Estero – Compra – Venta – Trueque”, una comunidad que supera los 23.000 integrantes.
La presentación señala que una de las publicaciones estaría relacionada con un perfil identificado con las iniciales C.F.. Allí se habría compartido una imagen de la médica junto con datos vinculados a su identidad, profesión y lugar de trabajo, además de comentarios que, según el abogado, resultan ofensivos y hacen referencia a aspectos personales de la denunciante.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, algunas de las expresiones publicadas aludían a la intención de localizar a la profesional y también contendrían referencias a su supuesto domicilio.
El abogado sostuvo además que la situación habría continuado mediante mensajes privados, donde se habrían enviado nuevas expresiones dirigidas contra Sal. Entre ellas, según la denuncia, existirían mensajes que hacen referencia a la posibilidad de dejarle un supuesto “regalito” en su departamento.
Para el representante legal, esas comunicaciones deben ser evaluadas en conjunto con las publicaciones anteriores, ya que —según planteó— podrían constituir una escalada del hostigamiento y una posible intimidación.
La presentación también solicita investigar si pudieron participar otras personas y avanzar sobre la preservación de publicaciones, conversaciones, registros informáticos y cualquier otro elemento digital que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Leiva pidió además que se implementen medidas de protección para la médica, incluyendo restricciones de contacto y acercamiento para quienes sean identificados como responsables, además del cese de cualquier conducta que pueda representar perturbación, intimidación o acoso.
Por último, el abogado requirió que se analice si las personas involucradas cuentan con armas registradas o a su disposición, al considerar que las referencias al domicilio de la denunciante y el contenido de los mensajes ameritan especial atención durante la investigación.
La causa deberá determinar ahora quiénes estuvieron detrás de las publicaciones y comunicaciones denunciadas y si las conductas señaladas constituyen delitos, mientras la Fiscalía analiza las medidas solicitadas.
