El Senado debatirá este jueves la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y que propone una amplia reforma sobre el régimen de tierras, expropiaciones y desalojos, además del tratamiento de 36 pliegos judiciales.
El proyecto oficial genera un fuerte rechazo de la oposición y de organizaciones sociales y ambientales, que advierten que, bajo el argumento de reforzar la protección de la propiedad privada, la iniciativa elimina herramientas de control sobre recursos estratégicos y amplía las posibilidades de adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
Uno de los cambios más controvertidos es la derogación de los límites que hoy establece la legislación para la compra de tierras rurales por extranjeros. La norma vigente fija un tope del 15% de la superficie rural nacional, mientras que la reforma permitiría operaciones sin ese límite, incluso en zonas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo. Para los críticos, la medida implica un proceso de extranjerización del territorio y debilita la capacidad del Estado para resguardar áreas de interés nacional.
El paquete también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, lo que dificultaría futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos. Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista una sentencia definitiva.
Otro de los puntos incluidos en la iniciativa reforma la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que hoy impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios. Distintos sectores cuestionan que esa modificación podría favorecer desarrollos inmobiliarios o emprendimientos privados sobre superficies incendiadas.
Desde Unión por la Patria anticiparon que buscarán frenar el avance de la ley de Propiedad Privada, al considerar que compromete la soberanía sobre recursos naturales y facilita la concentración de tierras en manos de inversores extranjeros. Sin embargo, el oficialismo confía en reunir el respaldo de bloques dialoguistas y provinciales para obtener la media sanción del proyecto.
El Senado tratará 36 pliegos judiciales
La sesión también contempla el tratamiento de 36 pliegos judiciales. Entre ellos figura el del camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien necesita un nuevo acuerdo del Senado para permanecer cinco años más en el cargo tras alcanzar la edad constitucional de 75 años. El magistrado tomó notoriedad por haber revocado la medida cautelar que suspendía parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
