La administración de Javier Milei realizó el desembolso luego de que una resolución del Juzgado Federal N°1 de La Plata la comprometiera a garantizar el normal funcionamiento del organismo. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo se había presentado como querellante.

El gobierno de Javier Milei transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) luego de que el Juzgado Federal N°1 de La Plata dictara una medida cautelar para que la gestión libertaria asegurara de forma inmediata el normal funcionamiento del organismo, clave en la restitución de identidades y en los juicios por delitos de lesa humanidad.
La medida había sido solicitada por Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Causas de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE), y con Abuelas de Plaza de Mayo como querellantes.
Esta partida evitó la paralización de los estudios de ADN, claves en causas por apropiación de niños durante la última dictadura. Una vez concretado el depósito, el juez Alejo Ramos Padilla revocó la medida que había dictado hace dos semanas que ordenaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomar acciones administrativas urgentes para evitar el colapso del BNDG.
Según informó TN, Ramos Padilla señaló que “la Jefatura de Gabinete de Ministros, luego de haber recibido la comunicación de la medida cautelar interina dictada en el presente y el requerimiento del informe previo, articuló una serie de reuniones con las autoridades del BNDG y asumió el compromiso de afrontar mayores partidas presupuestarias”.
El magistrado añadió que “corresponde concluir que la finalidad preventiva perseguida mediante la tutela cautelar interina oportunamente dispuesta aparece satisfecha a partir de las medidas administrativas y presupuestarias posteriormente adoptadas e informadas por las autoridades competentes, las que permitieron superar -en esta instancia- la situación de urgencia que motivó la intervención jurisdiccional”.
El BNDG, creado en 1987, está en riesgo por falta de presupuesto. La reciente decisión del Juzgado se tomó tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, que advirtió sobre la crisis presupuestaria y administrativa que atraviesa el organismo y que amenaza con la paralización de servicios esenciales como limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio y preservación de muestras biológicas.
Según las notas oficiales del banco genético, el presupuesto aprobado para 2026 cubre apenas el 55,96% de lo solicitado, lo que compromete la cadena de custodia y la validez de las pericias genéticas.
La resolución del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak obligaba al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y al Ministro de Justicia a disponer recursos y medidas urgentes para garantizar la operatividad del BNDG y preservar el Archivo Nacional de Datos Genéticos. Además, se les requirió informes sobre el interés público comprometido y la responsabilidad estatal en caso de incumplimiento.
En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo se presentó como querellante para reforzar la urgencia de la medida. La asociación señaló que “cualquier interrupción del Banco afectaría pruebas irreemplazables y comprometería las obligaciones internacionales de Argentina en materia de verdad, identidad y justicia”.
La resolución marca un paso necesario y decisivo para evitar la paralización de un organismo que, desde hace casi cuatro décadas, funciona como herramienta fundamental en la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura y en la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.

