Legisladores afirman que la polémica norma buscaría “favorecer” al expresidente, Alberto Fujimori.
El Congreso de Perú dio media sanción, en un debate controversial, al texto sustitutorio del dictamen del Proyecto de Ley 6951 que propone “precisar la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana”. La llamada ley de amnistía plantea que no se puede aplicar el delito de lesa humanidad antes del 2003, fecha en la que entró en vigor en el Perú el Estatuto de Roma y la Convención contra Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
El Pleno del Congreso tomó esta decisión con 60 votos a favor, 36 en contra y 11 en abstención luego de un debate que fue interrumpido tras un momento de tensión. De aprobarse quedarían nulas sentencias y juicios y procesos futuros contra policías y militares que participaron en matanzas y violación de Derechos Humanos.
La mayoría de los delitos como violaciones a derechos humanos y tipificados por el Ministerio Público como delitos de lesa humanidad, provenían de matanzas militares y grupos paramilitares bajo órdenes del Gobierno de Alberto Fujimori y su secretario, Vladimiro Montesinos. De hecho, ambos exfuncionarios se encuentran enfrentando procesos judiciales y condenas por estos mismos delitos, al ser considerados autores mediatos.
La congresista Ruth Luque señaló este hecho durante su intervención, en la que acotó que “esta es una ley de amnistía encubierta para proteger a violadores de derechos humanos y lo dice claramente el artículo 8, donde se está planteando la irretroactividad de estos casos. Es una ley de amnistía para favorecer a violadores a derechos humanos que han sido condenados por el sistema de justicia peruano”.
La propuesta de esta polémica ley fue impulsada por el partido ultraconservador Renovación Popular y el fujimorista Fuerza Popular, y sostiene que “los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de los referidos instrumentos internacionales, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional”. La norma volverá a ser votada en siete días a fin de ser ratificada.
