ABORTO LEGAL: LA AMENAZA DEL GOBIERNO A UN DERECHO CONQUISTADO POR EL FEMINISMO EN ARGENTINA

Tras la aprobación por mayoría del proyecto que establece la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura y gratuita, ahora el presidente Javier Milei busca volver a un debate saldado y que hace a la salud pública de la sociedad. En paralelo, una diputada del oficialismo presentó un proyecto para derogar la ley aprobada en 2020.

Una de las grandes conquistas del feminismo en Argentina fue haber logrado la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito tras años de lucha y una derrota en el Congreso en 2018. La ola verde que comenzó en los ’80 y que se potenció en el 2015 puso en agenda el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo. Tras cuatro años de la aprobación de la ley, el gobierno de Javier Milei amenaza esta conquista y busca volver a poner en la escena un debate cerrado.

¿Qué representa para la sociedad, las mujeres y el movimiento feminista que se vuelva a poner en foco un debate que estaba zanjado? La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se aprobó el 30 de diciembre de 2020, establece el derecho a acceder a aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 sin tener que explicar los motivos de su decisión.

En cuanto discurso que puede, el presidente Javier Milei condena activamente al aborto, al que llegó a calificar como un “asesinato agravado por el vínculo”, mientras charlaba con estudiantes en una escuela en Devoto. Acto seguido, justificó: “Eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico”.

“Para nosotras es un retroceso, pero también nos muestra la importancia de la conquista de esa ley para todo el movimiento”, explicó Luci Cavallero y advirtió que “el Gobierno busca derogar leyes que fueron aprobadas y apoyadas por la sociedad en su conjunto”, lo cual, demuestra que “no cuentan cuentan con el consenso mayoritario de la sociedad”.

En la misma línea, la diputada del Unión pro la Patria Paula Penacca, remarcó que “el Gobierno de Javier Milei viene llevando adelante medidas y decisiones que atentan contra los derechos de toda la ciudadanía y las conquistas en materia de género para las mujeres y diversidades”. Para la legisladora hay un ataque direccionado que tiene como propósito amedrentar en un lógica disciplinadora hacia los movimientos que más avance tuvieron estos últimos años como el feminismo.

Además, la dirigente de La Cámpora recordó que “diferentes fuerzas políticas neoliberales crecieron a partir de la promoción de la xenofobia, la misoginia y una falsa meritocracia, promoviendo el odio, buscando culpables de la crisis en los más desprotegidos por el sistema: mujeres, diversidades, migrantes, negras”.

Asimismo, la jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, apuntó: “La realidad es que hoy las mujeres y las familias trabajadoras somos las principales víctimas de las políticas neoliberales del gobierno de Milei”. Pero al mismo tiempo advirtió a no “caer” en provocaciones que buscan evitar que se hable sobre el aumento del ajuste y la desigualdad.

Por su parte, Myriam Bregman sostuvo que el discurso de Milei es fuertemente reaccionario y patriarcal. Además, que “las mujeres somos conscientes y quienes peleamos tantos años por nuestros derechos y de la diversidad somos conscientes que ninguna conquista es permanente”.

El brutal ajuste de Milei impactó en las áreas más sensibles como las políticas de prevención y asistencias a mujeres y personas en situación de violencia. Uno de esos programas fue Acompañar , que fortalece la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género.

Al respecto, Luci Cavallero denunció que estos recortes se suman a la negación de la brecha de género y llevará a que “las mujeres otra vez van a acudir a las redes de sostén feministas que hay en los barrios y en los territorios con muchos menos recursos”.

“Frente a la decisión de retirar al Estado por parte de este gobierno, va a ser más importante que nunca fortalecer los lazos y las redes comunitarias para profundizar la organización en cada uno de los territorios”, coincidió Penacca.

Frente a un Estado ausente, las redes feministas y comunitarias vuelven a tomar un rol preponderante, no obstante, Bregman marcó: “Es importantísimo que pongamos un eje en defender los derechos que conquistamos en la calle”. Ya que las políticas de ajuste provocaron una peor calidad de vida de las mujeres y diversidades, “también suponen una pérdida de libertad en tanto que la mayoría de las tareas de cuidado recaen sobre nosotras”, explicó Álvarez Rodríguez.

El ataque de Milei, además, volvió a poner el foco el rol del feminismo luego del 2020 atravesó cierta desmovilización. Al respecto, la dirigente de Izquierda reflexionó: “Luego perdimos la calle fundamentalmente porque desde el gobierno del Frente de Todos se estableció un discurso que desde el Estado se van a conquistar todos los derechos que le faltan a las mujeres,”. En paralelo, los discursos de odio y de una derecha recalcitrante avanzaron.

Durante su discurso en la Conferencia Política de Acción Conservadora, Milei apuntó contra el socialismo y contra el credho aborto al que calificó como una “agenda asesina”, ya que “si bien las mujeres tienen derechos sobre su propio cuerpo, el niño que está en el vientre de una mujer no es su cuerpo”.

No es la primera vez que el mandatario tiene exabruptos o frases resonantes, es parte de su show político. Al respecto, Penacca advirtió: “Lo cierto es que bajo un discurso que se propone como ‘disruptivo’ pretenden que volvamos a discutir cuestiones que ya creíamos saldadas”. Para la legisladora, volver a debatir sobre el aborto, es volver a hablar de la desigualdad en el acceso a la salud pública.

“Hablamos de una legislación donde todas/es podemos atendernos en lugares seguros y cuidados. Plantear volver para atrás en una legislación que brinda igualdad es corrernos un poco más de aquello por lo que luchamos las peronistas y feministas: un país con justicia social”, finalizó.

Aborto legal en la provincia de Buenos Aires: estadísticas, procedimientos y desafíos

Tras la aprobación de la ley en 2020 surgieron interrogantes y desafíos que fueron encontrando sus respuestas y soluciones en estos años. Uno de esos desafíos era garantizar ese derecho en cada hospital y centro de salud. En diálogo con C5N.com, Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva bonaerense, detalló los alcances que tuvieron las interrupciones de embarazos en la Provincia.

Según datos del Ministerio de Salud bonaerese, hasta 2020 el aborto era la primera causa de muerte materna en la provincia de Buenos Aires. “Entre 2010/2020 se promedian 17 muertes anuales por abortos intencionales en PBA. En 2021 se registraron 3 muertes y 1 por aborto espontáneo en 2022”,detalló el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en sus redes

Al respecto, Carlota Ramírez detalló que manera en que se registran los abortos y cómo llegan los datos para realizar distintos informes: “Tenemos un registro centralizado que nos permite caracterizar las prácticas y consumo de misoprostol que se completaba hasta 2022 en un excel que se consolidaba por región sanitaria”.

En el 2023 se creó un sistema digitalizado, el cual lo completa cada uno de los equipos, lo que permite hacer un análisis de caracterización de las prácticas y del consumo de misoprostol y mifepristona o métodos quirúrgicos. Uno de los ejes centrales es garantizar la equidad territorial para que en cada distrito se pueda acceder a un aborto seguro y gratuito. No obstante, de los 135 municipios, solo en dos no se cuenta con equipos que garantizan el acceso a un aborto.

Esos dos son Capitán Sarmiento y San Miguel, ambos administrados por el PRO. Frente a esta situación, aquellas personas que solicitan una interrupción del embarazo generalmente se acercan a municipios vecinos. Desde Provincia, en tanto, para reforzar el acceso se implementó “un 0800 y un formulario que las personas pueden completar en caso de no acceder a la práctica”.

Además, la directora explicó que suelen articular con la oficina de Defensa al Consumidor, ya que ellos toman los registros del sector privado y, cuando hay vulneración, limitación o barreras de acceso, ellos interceden.

Tres claves para la implementación de la IVE en el territorio bonaerense:

• La adhesión de la PBA al protocolo, esto permitió tener un marco regulatorio que no tenía la provincia, daba a los equipos orientaciones, un marco legal y clínico para avanzar.
• La compra de misoprostol, que inició la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, a un laboratorio público de Santa Fe. Lo que permitió hacer una distribución masiva y garantizar su implementación en el acceso a la práctica en condiciones de calidad con las tecnologías adecuadas.
• La creación de mecanismos, dispositivos de capacitación. Por ejemplo con cursos específicos dedicados a cada equipo en cuestión de necesidad. “Iniciamos la gestión en diciembre de 2019 con 150 equipos y hoy tenemos más de 600 en 132 de 133 municipios”, definió Ramirez.

“Pensemos que la ley trae autonomía de las personas y capacidad de tomar decisiones acerca de su cuerpo y su proyecto de vida. Restituye el saber acerca de los cuerpos a las personas que los portan. Esto es un cambio muy grande en el sistema de salud”, enfatizó la funcionaria, en medio de un modelo en el cual el médico tiene “un saber experto” y una persona “que no sabe” y tiene que tomar decisiones en función de las recomendaciones médicas.

La principal barrera con la que se encontraron al llevar adelante la implementación de la IVE fue con “transformar un modelo de atención”. Sin embargo, la especialista comentó que encontraron una renovación generacional en profesionales y equipos de salud jóvenes: “El 80% de la fuerza laboral en el campo de la salud son mujeres, muchas de ellas habían estado en el 2018 en el Congreso”.

Desde la sanción de la normativa se disminuyó de manera drástica las muertes maternas en aborto en PBA. Desde la página web del Ministerio de Salud bonaerense disponen de un mapa interactivo, donde se puede ubicar cuáles son los centros de salud donde realizan IVE.

Unicef Argentina publicó un informe donde comunicaron que si bien en las últimas décadas eran alarmantes las cifras en embarazos adolescentes, en los “últimos 10 años hubo una disminución de más del 50% de casos entre chicas menores de 15 años”.

Esto se debe principalmente a la implementación de leyes y políticas sostenidas que promueven la educación sexual integral, la salud sexual y reproductiva, y habilitan el acceso autónomo de adolescentes al sistema de salud, a métodos anticonceptivos y a decisiones libres e informadas, gracias a la Ley de Educación Sexual Integral; la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE); y el Plan de Prevención del Embarazo No intencional en la Adolescencia (Enia).

Son dos los desafíos que debe enfrentar la administración actual a cargo de Carlota Ramírez: el primero es económico, ya que el Gobierno impuso restricciones a las provincias que afectan como la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres, con quienes trabajan continuamente en el territorio.

El segundo, relacionado con la ausencia de una política nacional acompañando este proceso, sino por el contrario descalificando: “Hablando con un lenguaje bastante violento en cuanto a las políticas de derechos que hemos conquistado, particularmente el aborto y todas las políticas de inclusión, están impactando no en el presente, pero hace mucho más dificil la gestión”.

Por último, Ramirez expuso que no reciben desde diciembre botiquines de salud sexual, un componente importante a la hora de distribuir anticonceptivos e insumos necesarios como el misoprostol y la mifepristona. “La cual pone a la provincia en una situación donde no estamos recibiendo insumos de Nación. Nos preocupa cómo vamos a sostener la distribución de métodos anticonceptivos que previenen embarazos no deseados”, a futuro.

Defender el derecho a un aborto seguro, libre y gratutio: “Nuestros derechos no se negocian”

Bajo el lema Ni un paso atrás, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocaron a marchar este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer; y una de las banderas que volverán a levantarse es la defensa a decidir sobre nuestro cuerpo.

Para el movimiento feminista, detrás de las declaraciones presidenciales sobre un derecho conquistado y la presentación del poryecto para derogar la ley se busca provocar, pero advirtieron: “Al mismo tiempo sí los creemos capaces de avanzar encontra de esas legislaciones”.

“Sabemos que la mejor forma de defender los derechos y luchar por una sociedad más igualitaria es sumando voluntades y tejiendo redes de solidaridad. Solo así vamos a derrotar culturalmente el proyecto de un país para pocos que representa Milei”, cerró Rodríguez.

La expectativa por la movilización es grande. Diputadas de diversas fuerzas políticas y referentes feministas confían en que la convocatoria será mayor a la de años anteriores. El objetivo es claro, lo que empezó como marea verde, sea un tsunami.

Los detalles del proyecto de ley de Rocío Bonacci para derogar el aborto

El proyecto fue presentado el 5 de febrero por la diputada Rocío Belén Bonacci para pedir la derogación de la “Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”. Sin embargo, días después varios legisladores que aparecían en el documento firmado, salieron a desconocer su firma y conocimiento del mismo.

En el articulado, se establecen penas de entre “3 a 10 años de prisión al que causare un aborto sin consentimiento de la mujer” y de entre “1 a 4 años al que lo efectuare con el consentimiento de la mujer”. En este último punto, si el aborto consumado resulta en el fallecimiento de la mujer, la pena se eleva a 6 (seis) como máximo. En ningún párrafo del texto se menciona la figura de “persona gestante”.

Además, se establece que el personal médico que interviniese en la instrumentación de un aborto, también serían plausibles de sufrir condenadas e inhabilitaciones para ejercer la medicina. Sin embargo, se menciona que “el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios”.