El INCAA que preside Luis Puenzo, fue allanado hace dos semanas por una denuncia de supuestas irregularidades en la asignación de subsidios a productoras, acción con la cual peligra la industria del cine nacional.
Además del cierre de la actividad por la pandemia y la consecuente retracción en la recaudación, las irregularidades que se investigan dejaron al instituto del cine en un estado de virtual parálisis dado que en los allanamientos ordenados el juez Sebastián Casanello se llevaron centenares de expedientes, prácticamente la totalidad de los proyectos en curso.
El mismo Incaa publicó este miércoles todos 377 expedientes, que representan cada uno a una producción cinematográfica y se trata del 90 por ciento de las películas y materiales que están en proceso de producción en el país.
La parálisis se da porque las autoridades del Incaa informaron que no se pagarán más subsidios hasta que la Justicia se expida, lo que en el sector creen que puede llevar un año.
Mientras tanto, al Incaa siguen entrando 200 millones de pesos mensuales por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Ecanom), recordándose que por ley, la mitad de ese ingreso debe ser destinado a subsidiar a las productoras.
