EL GOBIERNO PREPARA EL LLAMADO A SESIONES EXTRAORDINARIAS PARA ACELERAR EL JUICIO POLÍTICO CONTRA LA CORTE SUPREMA
El presidente Alberto Fernández sigue negociando voluntades para avanzar en comisión con la acusación contra los cortesanos por “mal desempeño de sus funciones”, en el marco de la coparticipación.
En el inicio del año electoral, y en consonancia con la pelea de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Justicia, el Gobierno prepara el llamado formal a sesiones extraordinarias en el Congreso, para avanzar lo antes posible contra los jueces de la Corte Suprema, aunque la resistencia de la oposición y la falta de respaldo de algunos jefes provinciales clave propios podrían dificultarle los planes de llevar la iniciativa al recinto.
A pesar de que, contra sus predicciones, sólo logró el apoyo de 11 mandatarios provinciales a la solicitud de jucio político contra la Corte Suprema, que debe tratarse en el Congreso, el Presidente está decidido a disponer los resortes institucionales para activar la embestida. Fuentes oficiales adelantaron que el decreto con el llamado a extraordinarias saldría publicado esta misma semana, aunque aún no se fijó una fecha y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se encuentra ausente por unos días.
Por ahora, en la Casa Rosada sólo aseguraron que hoy mismo ingresarán por mesa de entradas de la Cámara de Diputados el extenso documento con los argumentos para solicitar el juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por “mal desempeño en sus funciones”, que dejaron trascender ayer por la tarde.
Sin embargo, en el Gobierno no todo es optimismo. Desde que definieron avanzar con el juicio político, cuentan los votos finos del oficialismo para avanzar en comisión -necesitan una mayoría simple, de 16 sobre los 31 miembros-, y luego, en el recinto, donde el panorama se presenta más complejo -porque depende de una mayoría de 2/3 partes de los miembros de presentes-.
Según el artículo 53 de la Costitución, “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.
Se trata de un horizonte difícil para las intenciones del Gobierno. Juntos por el Cambio, muy crítico, no aportará ninguna voluntad; los aliados circunstanciales del Frente de Todos se despegaron; y cuatro gobernadores del peronismo también decidieron tomar distancia, a pesar de que escucharon los argumentos del Gobierno e incluso evaluaron acompañar. Entre ellos se encuentra Gustavo Bordet (Entre Ríos), que ayer participó de la reunión, calificada como “áspera” por testigos, entre los jefes provinciales y el Presidente junto al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en la Casa Rosada, para debatir el tema.
El Gobierno incluyó su nombre en el documento oficial que enviará al Congreso, pero por la tarde, Bordet, a través de sus voceros, salió a desmentir su acompañamiento y atribuyó a un “error” que se hubiera sumado su firma. En la Casa Rosada, sin embargo, seguían sosteniendo que el gobernador sí había dado su apoyo, de palabra, al jefe de Estado.
Quienes sí firmaron fueron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
