Distanciados de Cristina Kirchner, los legisladores relacionados a estos sectores reclaman el tratamiento del Salario Básico, Empresa Nacional de Alimentos, Comercialización Estatal y Monotributo Productivo.
En un clima de tensión con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, diversos legisladores ligados a movimientos sociales buscan potenciar su agenda en el Congreso con proyectos que buscan tratar como el Salario Básico Universal (SBU) el cual desde la gobernación se anticipó que ”por ahora no se va a avanzar”, la Empresa Nacional de Alimentos, la Comercialización Estatal y el Monotributo Productivo.
Las internas entre las organizaciones sociales y la titular del Senado parten de las críticas de la ex mandataria, quien expresó que “la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada”, y quienes el jueves hicieron una multitudinaria marcha con reclamos y cuestionamientos al Gobierno.
El SBU es impulsado por los diputados de Patria Grande, que integra el Frente de Todos y que responden al referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois, que integra el oficialismo pero es crítico del Gobierno.
Los diputados K Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita, impulsan un proyecto para crear una Empresa Nacional de Alimentos (ENA), propuesta que debatieron con el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social Rafael Klejzer, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) de Grabois.
Los diputados plantearon con el proyecto de la Empresa Nacional de Alimentos que “es hora de discutir el proceso de producción y comercialización de los alimentos”, a calificar de “inmoral que haya dificultades para que las familias accedan a la canasta básica de alimentos”.
Klejzer consideró indispensable la creación de la ENA, asociada con pequeños productores para “planificar, regular, controlar, producir, analizar los costos y la comercialización en un mercado” que dijo que “está concentrado en unas diez compañías privadas”.
Sumado al proyecto de Monotributo Productivo impulsado por diputados K vinculados a organizaciones sociales, que entre sus ejes contempla durante los primeros cuatro años desde la inscripción de nuevos contribuyentes una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo en cuanto contribuciones impositivas, jubilación y salud.
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